Red Europea de Organizaciones Chilenas acusó graves perjuicios para los compatriotas en ese continente.
Propusieron a las autoridades una serie de medidas para evitar un alza pronunciada del documento.
El documento pasará a costar casi 90 mil pesos desde octubre.
La Red Europea de Organizaciones Chilenas mostró su rechazo al aumento del precio del pasaporte, que se elevará en octubre a unos 90 mil pesos, acusando que será más caro que los de los países de la Unión Europea y que perjudicará a un gran número de connacionales.
"Constatamos con consternación el alza del 83 por ciento del costo de pasaporte chileno. Este pasará a costar 133 euros, con una validez de cinco años. A la imagen de los otros derechos sociales en Chile, el derecho a la libre circulación se ve mermado por la ambición del negocio privado", indicó el organismo.
La organización añadió que "se perjudica así a familias de escasos recursos, a grupos familiares numerosos, a estudiantes, entre otros, que residen en el extranjero".
"Para poner en perspectiva esta alza, el pasaporte belga, el más caro de la zona Euro, tiene un costo de 83,5 euros y dura cinco años, mientras que un pasaporte francés tiene un costo de 89 euros y tiene una duración de diez años. Los pasaportes más baratos en la zona Euro son los de República Checa y de Polonia con un costo de 24 y 35 euros respectivamente, por una duración de diez años", añade el organismo.
Desde la red aseguraron además que el pasaporte, aparte de servir para entrar o salir de un país, "es también utilizado de manera obligatoria para renovar los permisos de trabajo y de residencia, de una inmensa mayoría de compatriotas".
"No poder renovar ese documento por cuestiones económicas pone en riesgo el bienestar de nuestros conciudadanos, muchos de los cuales viven en países en donde el costo de la vida es inferior a Chile o se encuentran en países en situación de crisis agravada, como lo son los casos de España, Grecia, Portugal", agregó el comunicado.
Por ello propusieron a las autoridades una serie de medidas, entre ellas el extender la duración del documento pasando de cinco a diez años, aplicar el alza de manera gradual, facultar a los cónsules a subsidiar ese documento, y establecer un costo diferenciado para mayores y para menores de edad.
