La jueza Carolina Gajardo determinará si acoge o rechaza la suspensión condicional del procedimiento.
Los imputados aceptaron el acuerdo, que incluye una indemnización a las víctimas de 235 millones de pesos y en tres cuotas.
El lunes alcanzaron a declarar sólo 34 familiares del total de 141 que se querellaron en la causa.
Este martes continúa en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la audiencia para discutir la suspensión condicional del procedimiento que la Fiscalía Metropolitana Occidente acordó con los seis imputados por la fallida alerta de tsunami del 27 de febrero de 2010.
La audiencia, programada para las 09:00 horas, recién se inició alrededor de las 10:00 horas por una situación que ocurrió con las familias de las víctimas que debían continuar entregando su testimonio ante el Tribunal, pues la gente que llegó ayer lunes desde Constitución, Dichato y otras zonas afectadas por el 27-F no pudo quedarse en Santiago.
Ello debido a que no tuvieron opción de tener un alojamiento en la capital y tampoco un traslado.
El abogado querellante Raúl Meza planteó que acá hay un grave incumplimiento de parte de la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía, quienes eran los encargados de proporcionar estos recursos para que la gente a la que le faltó entregar su testimonio pudiese hacerlo.
"Aquí ha ocurrido un hecho de la mayor gravedad. En Chile, el Ministerio Público tiene una Unidad de Atención a Víctimas y Testigos, por tanto, esa es la unidad que tiene que hacerse responsable del traslado y de los costos de alimentación y de mantención de las víctimas en este caso para que preste declaración. Eso ayer y hoy se ha incumplido gravemente. Se les trajo y no tuvieron dinero para volver a declarar", acusó.
Además, criticó que "tampoco se les acompañó y se les apoyó en el tema alimenticio. Es gente de escasos recursos, nunca ha estado el Ministerio Público de parte de las víctimas".
El fiscal José Luis Pérez Calaf aseguró que ellos prestaron apoyo a las personas que no tenían una representación legal, tal como había quedado estipulado en la primera audiencia.
Los querellantes, en la segunda jornada de audiencia, iban a pedir la suspensión de la misma hasta regularizar la situación, pero la jueza Carolina Gajardo determinó que "no hay razón jurídica para suspender esta audiencia", por lo que se continuó con la instancia.
Solo declaró durante la presente jornada una familiar, Olimpia Palacios, tras lo cual se inició la discusión respecto si acoge o rechaza la salida alternativa, la cual fue rechazada por las familias, quienes exigieron justicia por sus deudos y pidieron que se condene a los "culpables".
Fiscal Abbott descartó discriminación
El fiscal nacional Jorge Abbott salió al paso de los reclamos generados por familiares de las víctimas que no pudieron volver a declarar ante el Tribunal por no poder quedarse en la capital, descartando que aquí haya algún tipo de discriminación.
Explicó que el número de víctimas que señala la querella es bastante más acotado, por lo que esto explicaría que algunas personas quedaran fuera de la nómina.
"Entendía hasta ahora que la Fiscalía Regional Occidente había entregado todas la facilidades a las víctimas. Lo que pasa es que hay que tener presente que en esa causa tienen el carácter de víctima un número limitado de personas, que son aquellas que están mencionadas en la acusación", explicó.
Abbott añadió que "no son todas las víctimas del tsunami, sino que son las víctimas que aparecen mencionadas en la acusación cuyo número es limitado y, en consecuencia, es posible que las personas a las que se refieren no estén incorporadas en la acusación y por esto no tengan el apoyo del Ministerio Público".
Aún quedaban 68 personas que no han entregado su testimonio ante el Tribunal, pero la mayoría no pudo quedarse en la capital.
Acuerdo "no es admisión de responsabilidad"
El abogado querellante Carlos Fairlie calificó las declaraciones de las familias de innecesarios debido a la fuerte carga emocional.
"Ha sido un relato bastante duro desde el punto de vista emocional y creemos que era totalmente innecesario en esta etapa procesal", agregó.
El acuerdo consiste en el pago de 235 millones de pesos en total por parte de los seis imputados a repartir entre los familiares de las víctimas, 10 millones de pesos para financiar un seminario sobre el 27-F a realizarse a más tardar el primer semestre de 2017 y la lectura de una declaración pública, la cual no incluye un reconocimiento de culpa.
Sobre esta carta, el fiscal Pérez Calaf explicó ante el Tribunal que "no es admisión de responsabilidad, es una admisión de culpa".
"El límite está muy difuminado. 'Admitir culpa' en un hecho culposo es casi admitir responsabilidades, entonces, pedirle eso a los acusados sobrepasa los límites que el mismo Ministerio Público se autoimpuso con ellos", indicó.
Agregó que "tengo los borradores a disposición del Tribunal. No creo que sea el mismo rol que tienen las víctimas ni los querellantes".
Los imputados son el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende, la ex directora de la Onemi Carmen Fernández, el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi Johaziel Jamett y los marinos del SHOA Andrés Henríquez, Mariano Rojas y Mario Andina.
