La indemnización de 235 millones de pesos sería pagada en tres cuotas.
Además deberían pagar 10 millones para financiar un seminario sobre terremotos.
Se conocerá si se acoge o no la salida alternativa tras la declaraciones de las familias de las víctimas.
En el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se discute la suspensión condicional del procedimiento para los seis imputados por la fallida alerta de tsunami del 27 de febrero de 2010.
Al comienzo de la audiencia de este lunes, el fiscal regional Metropolitano Occidente, José Luis Pérez Calaf, dio a conocer el contenido de este acuerdo que implica al subsecretario del Interior del primer Gobierno de Michelle Bachelet, Patricio Rosende; la ex directora de la Onemi Carmen Fernández; el ex jefe del Centro de Alerta Temprana de la Onemi Johaziel Jamett; y los marinos del SHOA Andrés Henríquez, Mariano Rojas y Mario Andina.
En específico, consiste en el pago de 235 millones de pesos de todos los imputados a repartir entre los familiares de las víctimas, 10 millones de pesos para financiar un seminario sobre terremoto a realizarse a más tardar el primer semestre de 2017 y la lectura de una declaración pública donde se referirán a los hechos ocurridos el 27-F, la cual no incluye un reconocimiento de culpa.
Incluso, la indemnización sería pagada en tres cuotas y la mayor parte le corresponde a Rosende, quien deberá pagar 75 millones de pesos.
Fernández le sigue con 39 millones de pesos y Jamett con cuatro millones de pesos, mientras que los imputados vinculados al SHOA van a tener que cancelar 31 millones, Todo esto hasta el 31 de marzo de 2017.
A cada uno de los familiares de las víctimas, que la Fiscalía contabiliza en 104, le tocará dos millones 250 mil 615 pesos.
La jueza Carolina Gallardo le preguntó a cada uno de los acusados si aceptaban la propuesta hecha por el Ministerio público, donde todos aceptaron el acuerdo para la suspensión condicional del procedimiento.
En la audiencia seguirán declarando este martes 141 familiares de víctimas, que aparecen como querellantes en esta causa, las que declararán ante el tribunal, los que en su mayoría rechazan la salida alternativa alcanzada por la Fiscalía y las defensas.
Sobre la carta en la que los acusados no deberán pedir perdón necesariamente, el abogado Raúl Meza, en representación de los querellantes, pidió conocer el contenido del texto antes de que se zanje la suspensión condicional, lo que fue acogido por el Tribunal.
"Los querellantes, hasta esta fecha, no conocemos cuál es el contenido ni el alcance ni los términos de esa declaración de disculpas. No es una condición de cumplimiento, es una condición previa del acuerdo. Debemos conocer cada uno de los puntos a los cuales el Ministerio Público llegó a acuerdo con las defensas de los imputados", explicó.
Mientras que el abogado Samuel Donoso, que defiende a Rosende, rechazó esto, aseverando que "esta declaración se conozca con anterioridad de manera pública puede producir daños severos al derecho a defensa, al derecho de presunción de inocencia, incluso al principio de no autodiscriminación".
Crítica al acuerdo reparatorio en términos de dinero
Por su parte, el abogado querellante Carlos Fairlie sostuvo que el acuerdo reparatorio en términos de dinero -los 235 millones de pesos a repartir, alrededor de dos millones por víctima- ni siquiera está dentro del baremo judicial, que es la tabla de indemnizaciones que establece la Corte Suprema.
Debido a ello, se opondrá a este acuerdo: "Algo que establece nuestro máximo tribunal, que es la Corte Suprema, que es el baremo judicial, donde ellos podrían recién haber estado en contacto de cuál es la jurisprudencia a través de la historia en cuanto a las indemnizaciones".
"Desde esa perspectiva, creemos que este acuerdo alcanzado por el Ministerio Público es perfectamente atacable y vamos a demostrar ante el Tribunal que es un acuerdo muy mal logrado", dijo Fairlie.
El abogado especificó que en el caso de muerte, "el baremo judicial establece un mínimo de 43 millones de pesos y de ahí hacia arriba".
No perseverará investigación contra Bachelet
El fiscal Pérez Calaf también confirmó que no perseverará adelante con la investigación en contra de la Presidenta Michelle Bachelet, ya que el abogado Raul Meza, querellante en la causa, presentó una querella contra la Jefa de Estado por cuasidelito de homicidio para que se indagara su responsabilidad en estos hechos.
Indicó que la Mandataria, "la cual se encuentra querellada, no ha sido posible sustentar una imputación conforme al tipo penal investigado y los antecedentes reunidos en la investigación".
La audiencia, con las declaraciones de los familiares de las víctimas, continuará al menos hasta mañana martes pues faltan personas que den su testimonio ante el tribunal y luego la jueza Gallardo se pronunciará respecto a si se acoge o no la salida alternativa.
