La ministra Schmidt sostuvo que con la participación de la ciudadanía se podrá concretar el derecho de todos a hacer uso de los bienes públicos como las playas.
La ministra de Bienes Nacionales, Romy Schmidt, hizo un llamado a los chilenos a denunciar a aquellos particulares que impidan el acceso a las playas de carácter público, ya que de esa manera las intendencias y su cartera podrán poner en marcha los mecanismos para garantizar a todos los chilenos el goce de los bienes nacionales de uso general.
La secretaria de Estado aclaró en El Diario de Cooperativa que todas las playas de mar son de carácter público por lo que su acceso está completamente garantizado y nadie puede impedirlo, pese a que tenga una propiedad que llega hasta el borde costero.
Sin embargo, aclaró que en el caso de los ríos y lagos del país pueden existir riberas de uso privado y cuyos propietarios no están obligados a permitir el acceso y por lo tanto se pueden considerar privadas.
"Las playas de mar siempre son bienes nacionales de uso público y, por lo tanto, su acceso debe ser para toda la población, ahí en el mar es imposible tener playas privadas, pero en los ríos y en los lagos pueden ser playas (públicas) en la medida que sean navegables por un buque de más de cien toneladas, o sea en aquellos que no tengan estas características, eventualmente, la propiedad privada puede llegar hasta la ribera del río y así constituir lo que podría denominarse una playa privada", aclaró la ministra.
En ese punto, puntualizó que lo que se garantiza es el ingreso de las personas y no el de vehículos. "Hablando de tránsito peatonal hay varias dificultades todavía para asegurar en todas las playas de Chile un acceso público, pero justamente esta campaña atiende a eso, a que la gente se informe conozca, nos denuncie y mediante los procedimientos existentes podamos llegar a tener acceso en todas partes".
"En ese caso, lo que establece la legislación, es que si hay una denuncia se inicie una audiencia en la Intendencia con el denunciante con algún propietario ribereño y se fija un acceso de común acuerdo. Posteriormente, mediante una resolución del Ministerio de Bienes Nacionales queda con ese acto administrativo sancionado el acceso y gratuitamente el propietario debe permitir el tránsito de cualquier persona", explicó.
Sostuvo que las personas "pueden ir directamente a la Intendencia, las gobernaciones o a las seremías u oficinas provinciales de Bienes Nacionales y hacer la denuncia, pero además pueden llamar a un número nuestro, un número 800 802 300 o bien en la página web de Bienes Nacionales hay un banner con las campaña de acceso a las playas y ahí hay un formulario de denuncia".
Si no está de acuerdo el propietario, podría recurrir ante los tribunales de Justicia en un plazo de hasta 10 días y ahí se inicia un proceso judicial para fijar el acceso, concluyó la ministra. (Cooperativa.cl)
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