Las viviendas resultaron inundadas en 1997.
Se determinó la escasa fiscalización que tuvo el Serviu.
El Tercer Juzgado Civil de Santiago determinó que el Fisco debe pagar 1.500.000 pesos a cada uno de los 674 demandantes del caso Copeva de la comuna de Puente Alto por las inundaciones que se registraron en 1997 y por la escasa fiscalización que tuvo el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Serviu) Metropolitano.
La Justicia determinó faltas en los criterios de construcción por parte de la empresa inmobiliaria y la forma en que se diseñaron, planificaron y gestionaron estas viviendas sociales.
El fallo de la jueza Soledad Aravena será revisado por la Corte de Apelaciones, aunque ya la Corte Suprema ratificó fallos anteriores en los que se consignaba la responsabilidad fiscal y de la empresa privada por estos hechos.
Minvu: Tenemos que aprender de los errores
Por su parte, el ministro (s) de Vivienda y Urbanismo, Francisco Irrarázabal, aseguró que "compartimos el dolor y el sufrimiento de las familias que causaron esos temporales, la frustración que supone recibir una casa, el sueño de una vida, que termina finalmente siendo una pesadilla".
Indicó que como ministerio "entendemos que la política habitacional defectuosa e incompleta, la falta de normas constructivas, la falta de fiscalización, son las causantes de este drama. Tenemos como ministerio aprender de los errores".
"Hemos trabajado fuertemente en mejorar el estándar constructivo de las casas, en términos de la norma con que se construye, del tamaño de las viviendas y la ubicación de las mismas", afirmó.
