Informe reveló que la publicidad, auspicio y promoción es la principal causa del problema.
Los gobiernos gastan al menos mil millones de dólares en intentar controlar su consumo.
El número de personas en el mundo que se benefician de alguna medida de la lucha contra el tabaco ha aumentado en 1.100 millones en los últimos dos años, pero estos esfuerzos han sido en gran parte contrarrestados por la publicidad y promoción del cigarrillo que financia la industria tabaquera.
Así lo reveló un estudio elaborado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) centrado en el impacto de la Convención Marco contra el Tabaco en vigor desde 2005, y difundido este jueves en Ginebra.
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| Sólo mil millones de personas en el mundo están protegigas por medidas antitabacos. (Foto: EFE) |
Las principales razones, explica, es la publicidad, auspicio y promoción que hace directa o indirectamente la industria tabaquera, el crecimiento de la población en países donde el uso del tabaco está en aumento y lo extremadamente difícil que es parar de fumar debido al alto nivel adictivo del tabaco.
La OMS apuesta en el informe por destacar el aumento vertiginoso de personas cubiertas por una o más medidas de control antitabaco que celebra la convención y que actualmente totalizan los 3.800 millones de beneficiarios (el 55 por ciento de la población mundial).
Sin embargo, las tres cuartas partes de esas personas en realidad se benefician de una sola medida antitabaco, que suele ser el etiquetado de las cajetillas de cigarros con advertencias (en texto o gráficos) de los riesgos para la salud que implica fumar.
Así, sólo algo más de 1.000 millones de personas están protegidas por dos o más medidas antitabaco aplicadas de manera rigurosa.
El avance ha sido notable en los últimos dos años, periodo en el cual una treintena de países ha introducido al menos una medida contra el tabaco en su legislación, implicando a 1.100 millones de personas.
Actualmente, según la OMS, los gobiernos recaudan unos 133.000 millones de dólares por tasas al tabaco, pero se gasta menos de 1.000 millones en intentar controlar su uso, un déficit que es más evidente en los países de ingresos bajos y medios.
