La jueza del caso ordenó obtener datos de los implicados a través de sus cuentas.
El Gobierno quiere generar un "mapa" de los colaboradores del portal, según la defensa.
La primera audiencia pública en la investigación del Gobierno de EE.UU. contra Wikileaks tuvo a Twitter como protagonista, con la petición federal de obtener los datos personales guardados en las cuentas de los implicados en el caso.
Según informó este miércoles el Washington Post, una jueza federal consideró el martes la posibilidad de impedir que los investigadores tengan acceso a las cuentas de los usuarios de Twitter "asociados con Wikileaks", incluido el fundador de la organización, Julian Assange, y el soldado Bradley Manning, acusado de ser su principal fuente.
La jueza Theresa Carroll Buchanan del tribunal de Alexandria (Virginia) ya ordenó en diciembre a Twitter que abriera las cuentas de las personas investigadas por el Gobierno, una decisión que afecta inmediatamente a tres ex activistas de Wikileaks que le pidieron en la audiencia que anulara el mandato.
Los activistas investigados son la parlamentaria islandesa Birgitta Jonsdottir y los programadores informáticos Rop Gonggrip y Jacob Applebaum, holandés y estadounidense respectivamente.
Dos organizaciones de defensa de los derechos civiles, la Fundación de la Frontera Electrónica (EFF) y la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles (ACLU) se unieron a la defensa de los acusados, con el argumento de que la revelación de datos personales viola la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense.
Según la acusación, en cambio, la petición es una parte rutinaria de la investigación criminal contra la organización que el fiscal general de EE.UU., Eric Holder, anunció en noviembre de 2010 y de la que por el momento se han revelado escasos detalles.
Argumentos de la defensa
John Keker, el abogado de uno de los acusados, aseguró en la audiencia que la información de localización contenida en las cuentas de Twitter permitiría al Gobierno crear un mapa de personas relacionadas con Wikileaks, lo que perjudicaría a la libertad de expresión en la web.
"El Gobierno dice que cuando te conectas a Twitter, no puedes esperar que haya privacidad. Pero no estamos hablando de una cuenta telefónica. Ni de extractos bancarios. Esto es algo diferente", consideró Keker.
Por su parte, el fiscal federal adjunto de Virginia John Davis subrayó que la investigación "no se trata de derechos de asociación, ni de política, sino de hechos y pruebas".
La defensa del caso también pretende que el tribunal desclasifique todos los documentos que estén relacionados con la intención de la acusación de obtener información de Twitter y de otros gigantes de Internet, como Google o Facebook.
Twitter no ha comentado expresamente el caso, pero una entrada en su blog oficial recuerda que la posición de la compañía consiste en "proteger el derecho de los usuarios de expresarse libremente y preservar su capacidad de oponerse a que se revelen sus datos personales".
