La norma obliga a responder en 20 días las solicitudes de los ciudadanos.
La Agenda de Probidad del Gobierno dijo que sólo en casos específicos se podrá negar información.
El secretario ejecutivo de la Agenda Probidad y Transparencia del Gobierno, Felipe del Solar, señaló que la nueva Ley de Acceso a la Información Pública obliga a todas las entidades públicas a transparentar su información, para la cual el silencio ante los requerimientos no será una opción.
"La ley, para fortuna del ciudadano, obliga a todos los órganos y reparticiones a dar una respuesta ya sea entregando la información o justificando muy bien de por que algún documento o dato no debe ser divulgado. Aquí la situación en que se produce un silencio de parte de una repartición pública ya no va a estar dentro de las posibilidades", dijo del Solar.
El ejecutivo explicó a El Diario de Cooperativa que esta ley, que entra en vigencia en abril de 2009, se aplica a todos los organismos como el Gobierno central, municipios, los demás poderes del Estado, la Contraloría General de la República, Tribunales y el Congreso.
Las entidades tienen 20 días hábiles para responder a una solicitud, "y si el ciudadano discrepa con un organismo público que le denegó información, va a poder recurrir al Consejo para la Transparencia", entidad autónoma cuya única función es velar por la correcta implementación de la ley, dijo del Solar.
Respecto a la negación de información, el ejecutivo de la Agenda de Probidad señaló que esto sólo se limita "a aquella que por ejemplo afecte la vida privada de una persona, sus intereses comerciales, debilite la persecución de un crimen, que afecte la seguridad de la nación. Son causales de reserva muy específicas y muy bien justificadas".
"Es una de las leyes con los mejores estándares internacionales. Aquí lo que se define es el principio de la probidad y la transparencia, y toda la información que está en poder del Estado va a tener carácter público y va a poder ser solicitada por cualquier ciudadano", dijo del Solar.
