Fiscalía peruana archivó denuncia por asociación ilícita contra ejecutivos de Lucchetti
Fiscal anticoprrupción consideró que no había antecedentes suficientes para acusar de asociación ilícita a los máximos directivos de la compañía chilena.
La fiscal anticorrupción, Juana Meza Peña, archivó la denuncia presentada por la Procuraduría de Perú contra los accionistas mayoritarios de la empresa Lucchetti, acusados de haberse asociado en forma ilícita con el ex asesor del destituído presidente Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos.
La resolución señala que "no existen méritos suficientes para emitir acción penal" contra los ejecutivos chilenos Andrónico Luksic, Gonzalo Menéndez y Fernando Pacheco, quienes además afrontan un proceso por tráfico de influencias, por haber solicitado favores judiciales a Montesinos.
Una fuente judicial informó a la agencia de noticias ANDINA, que la decisión de la fiscal Meza Peña fue notificada a la titular del Segundo Juzgado Anticorrupción Carolina Lizárraga, quien a raíz de este fallo no podrá procesar a los dueños de Lucchetti por asociarse para delinquir.
El 1 de diciembre la Procuraduría denunció a Luksic, Menéndez y Pacheco por haber conformado una organización delictiva para evitar que la Municipalidad de Lima ganara el juicio entablado contra Lucchetti.
La comuna limeña, en ese entonces bajo la administración de Alberto Andrade, interpuso un juicio a los accionistas de la transnacional chilena para que retiraran la fábrica que habían construido en Los Pantanos Villa, zona ecológica ubicada en el distrito de Chorrillos.
La planta de Lucchetti en Lima fue cerrada en enero pasado por la municipalidad del distrito de Chorrillos, en cumplimiento de una ordenanza de la Municipalidad de Lima Metropolitana.
El ayuntamiento acusó a Lucchetti de haber construido su fábrica sin contar con los permisos respectivos y en una zona que afectaba a "Los Pantanos de Villa", la única reserva ecológica de la capital peruana.
La empresa de capitales chilenos denunció al gobierno peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (Ciadi) con el fin de obtener una indemnización de 150 millones de dólares. En marzo último el Ciadi aceptó trámitar la demanda de la empresa Lucchetti, en contra del estado peruano.
Sin embargo, en septiembre pasado decidió que primero debe dedidir si es procedente seguir el proceso, ya que la planta estaba en Perú desde antes de la entrada en vigencia acuerdo ante el centro por parte de los gobiernos de Santiago y Lima.