Corte Suprema decide sobre ministro en visita para el caso "alerce"
El pleno del máximo tribunal analizará la solicitud presentada por organizaciones ecologistas y que fue respaldada por el diputado PPD Guido Giradi.
La investigación que realiza la Justicia de la Décima Región sobre la tala ilegal de alerces podría ser entregada a un ministro en visita por la Corte Suprema, que este jueves evaluará la solicitud que en ese sentido hicieron tres organizaciones ecologistas y que patrocinó el diputado del Partido por la Democracia (PPD) Guido Girardi.
El pleno de la más alta instancia de la judicatura nacional analizará además las amenazas de muerte que recibió la jueza que hasta ahora sustancia el caso, Rosa Muñoz.
La Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, la organización no gubernamental (ONG) Renace y Greenpeace consideraron en su presentación que es necesario que un ministro de fuero asuma la investigación sobre el usufructo ilegal de la especie, actividad que data de 2002.
En caso de que la Suprema determine innecesario el nombramiento de un ministro en visita, el tribunal de alzada de Puerto Montt podría revisar una petición similar que fue presentada en la Décima Región por la forestal Sarao S.A.
La magistrada Muñoz, titular subrogante del Juzgado de Letras de Los Muermos, recibió en primera instancia la denuncia de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), sobre la tala ilegal en predios de la Región de Los Lagos.
Esta acción judicial fue contestada por el empresario José Comandari, dueño de la citada empresa forestal, con un recurso judicial por las irregularidades que -según él- cometió la Conaf, al entregar guías de libre tránsito para alerce de forma fraudulenta.
Estos documentos emitidos por la institución estatal permiten el traslado del alerce, cuya comercialización está prohibida, ya sea por motivos científicos o por tratarse de un árbol muerto. Sin las guías, se presume que la madera es cortada ilegalmente.
La investigación de la jueza Muñoz provocó la detención, durante tres días, del director de Conaf, Carlos Weber. La medida de primera instancia fue revocada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que determinó la libertad del funcionario.
Tras esta resolución, la magistrada denunció que recibió dos amenazas de muerte por vía telefónica, además de una nota que fue dejada en su residencia. Un recurso de amparo por este hecho fue rechazado por la Corte de Apelaciones de la capital de la Región de Los Lagos, por considerar que era de jurisdicción del Ministerio Público.