Grupos de DD.HH. se querellaron contra Clara Szczaranski y el CDE
Agrupadas en la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos, varias organizaciones presentaron una acción legal por la interpretación que el Consejo de Defensa del Estado hace de la ley de Amnistía.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) presentaron una querella contra Clara Szczaranski y los miembros del Consejo de Defensa del Estado (CDE), por los delitos de prevaricación y abuso a particulares, a raíz de la tesis sobre la ley de Amnistía de 1978 que plantea el organismo público.
La prevaricación es definida cuando una autoridad dicta, con conocimiento, una resolución injusta.
El texto jurídico es patrocinado por los abogados Julia Urquieta y Hugo Gutiérrez, a nombre de la Asamblea Nacional por los Derechos Humanos, que incluye a la AFDD y a la AFEP, y también hace mención a la negación de protección a los familiares de las víctimas de un delito, como estipulan los artículos 255 y 256 del Código Penal.
Para Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD, la acción responde a que "el día viernes nos reunimos como Asamblea Nacional por los Derechos Humanos con consejeros del Consejo de Defensa del Estado, y definitivamente ahí les planteamos junto a nuestros abogados lo inapropiado de ver la insistencia que ellos tienen de continuar manifestando estos planteamientos al interior de los tribunales de Justicia".
"No nos queda otro camino", sentenció la dirigenta, quien agregó que para las organizaciones de DD.HH., lo que está haciendo el CDE es "legitimar la impunidad en Chile".
Por su parte, el abogado Gutiérrez dijo que la postura del organismo "convierte a esta dama (Szczaranski) en una ideóloga del genocidio".
"Si estas posturas (Szczaranski) las sostuviera en Europa, sin lugar a dudas sería considerada una delincuente de instigación al genocidio, por cuanto no es posible estimar que las conductas de los agentes del Estado que violaron los derechos humanos en Chile se dieron en un contexto determinado, que justifica su actuar", sentenció.
La querella fue presentada ante el Quinto Juzgado del Crimen de Santiago, que deberá determinar si admite o no a tramitación el escrito.
Szczaranski planteó semanas atrás que los Tribunales de Justicia deben tratar los casos de detenidos desaparecidos como homicidios y no como secuestros permanentes, pues a pesar de que no hay cuerpos, hay certeza de que esas personas fueron asesinadas por agentes del Estado durante la dictadura militar.
Además, considera que de esta forma, los jueces pueden cerrar los casos con la dictación de las respectivas condenas, tras lo cual –si corresponde– debe aplicarse la amnistía promulgada en 1978, pues el CDE estima que se trata de un texto legal plenamente vigente desde el punto de vista del Derecho.