La Moneda reiteró que el caso de Lucchetti con Perú no es un asunto de Gobierno
José Miguel Insulza manifestó que el fallo del tribunal internacional que en favor de Perú en el denominado caso Lucchetti es una resolución que debe evaluar la empresa.
El ministro del Interior, José Miguel Insulza, indicó que el Gobierno no tiene nada pendiente en el caso Luchetti con el Gobierno peruano, dando a entender que éste un problema entre una empresa privada y la Administración del país vecino.
"Ese es un tema de la empresa, el Gobierno chileno no tenía en esta materia ningún litigio pendiente con el Gobierno peruano", señaló el jefe de Gabinete, quien expresó a los periodistas que "deberían estar preguntando en Luchetti y no aquí en La Moneda".
El fallo dictado por el Tribunal Arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial (Ciadi) dio la razón a Perú y señaló que no le corresponde intervenir en la situación que terminó con el cierre de la planta chilena de pastas Lucchetti en Lima.
Según la Secretaría Presidencial peruana el fallo indica que un Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPI) existente entre los gobiernos de Perú y Chile no se aplica al caso y, por tanto, no otorga jurisdicción al Ciadi para pronunciarse sobre este tema.
Lucchetti se enfrentó en 1998 a la Municipalidad de Lima, que suspendió la construcción de su fábrica de pastas en la zona ecológica de los Pantanos de Villa, en el distrito limeño de Chorrillos.
Esa decisión determinó, finalmente, que la fábrica fuera clausurada cuando ya se encontraba en funcionamiento por aparentemente no contar con los permisos necesarios y encontrarse en una zona ecológica, lo que ocasionó que la empresa alimenticia Lucchetti, de capitales chilenos, pidiera una millonaria compensación al Gobierno peruano.
Para el diputado Jorge Tarud (PPD) -quien es miembro de la comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja-, aunque a alguien no le guste la resolución, ésta se ajusta a derecho y debe hacer pensar a los inversionistas respecto al cumplimiento de las normativas de otros países.
"Si el Ciadi lo ha determinado de esa forma, hay que aceptarlo. Quiere decir, en consecuencia, que nuestros empresarios deben ser extremadamente cuidadosos cuando están invirtiendo en otros países, en primer lugar respetar la legislación", concluyó.