Comisión de DD.HH. demandó al Estado ante la Corte Interamericana
La acción legal fue motivada por la negativa, hace siete años, por parte del Comité de Inversiones Extranjeras a informar a distintas personas sobre los antecedentes para aprobar un proyecto forestal en la Duodécima Región.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) demandó al Estado de Chile ante la Corte Interamericana de San José de Costa Rica por violar el derecho de acceso a la información pública de Marcel Claude Reyes, Sebastián Cox Urrejola, y el diputado Arturo Longton Guerrero.
La acción legal se origina en la negativa del Comité de Inversiones Extranjeras (CIE) a entregar a la Fundación Terram, representada por Claude y Cox, y al parlamentario los antecedentes que justificaban la aprobación del proyecto Río Cóndor de Forestal Trillium y en los posteriores rechazos de la Justicia chilena a acoger las solicitudes para que el organismo transparentara dicha información.
El presente recurso viene a confirmar la convicción de la CIDH de que el Estado chileno violó el derecho de información y expresión de los afectados, tal como concluye el informe emitido por esta instancia en marzo del 2005. La demanda se interpuso la tarde del viernes, por lo que las partes aún no han sido notificadas.
Probablemente, la información oficial llegará a los peticionarios y al Gobierno de Chile en un plazo cercano.
El presidente de Pro Acceso a la Información Pública, Juan Pablo Olmedo, destacó que la decisión de la Comisión refuerza el convencimiento de que el país debe avanzar en un mayor respeto del derecho de los ciudadanos a saber por qué se están tomando las decisiones que los afectan. Olmedo junto a Ciro Colombara fueron los redactores del requerimiento para que la CIDH se haga parte en el caso.
Este es el primer caso en que un órgano internacional de Justicia deberá manifestarse sobre el derecho de los ciudadanos de acceder a la información pública y es la tercera ocasión en que la Corte Interamericana conoce una demanda en contra de Chile en materia de libertad de expresión e información. La primera fue la referida a la censura de la película "La última tentación de Cristo", que obligó al Estado a permitir su proyección en el 2001. La otra se presentó el 13 de abril del 2004 por la prohibición y decomiso del libro "Ética y servicios de Inteligencia", del oficial (r) de la Armada, Humberto Palamara Iribarne.
La demanda de la CIDH viene a confirmar la necesidad de adecuar la normativa vigente en materia de acceso a la información pública y transparencia a los estándares internacionales.
Además del impacto en el derecho de información, la demanda tiene trascendencia para el país porque obligará a un mayor escrutinio de los antecedentes de los inversores que vienen a Chile a explotar recursos naturales.