Carmen Hertz: Fallo de prescripción demostró influencia de poderes fácticos
La jurista manifestó que poderosos grupos ligados a la dictadura siguen operando en el país aunque su actividad no es igual a la que ejercían hace cuatro años.
La abogada Carmen Hertz señaló que el fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia contra el coronel (r) Joaquín Rivera es una muestra de que en el país se mantienen vigentes los poderes fácticos que intentan impedir que se haga justicia en los casos de violaciones de los derechos fundamentales.
La jurista explicó que, con la sentencia, el país retorna al camino de la "denegación de justicia" que fue "sistemática en la dictadura", lo que se explica porque "los poderes fácticos en este país son una realidad. Que no puedan desplegar la actividad frenética y delirante que desplegaban hace cuatro años no significa que hayan desaparecido".
En conversación con El Diario de Cooperativa, Carmen Hertz explicó que el fallo "provoca desazón porque nos lleva de nuevo por el tenebroso camino de la denegación de justicia (...) Cuando hablo del tenebroso camino de la denegación de justicia es porque sabemos que cuando nos enrumbamos por ese camino es sobre la base de presiones de intereses todopoderosos".
Dentro de los grupos que realizan este tipo de maniobras para lograr evitar que se haga justicia la abogada señaló que está el personal en retiro de las Fuerzas Armadas y algunos políticos del stablishment que "estiman que lo mejor es que haya impunidad".
El retirado coronel Rivera fue condenado a 10 años de presidio por el fusilamiento del estudiante universitario Ricardo Rioseco Montoya (24 años) y del escolar Luis Cotal Alvárez (15 años) ocurrido en la Novena Región en 1973.
La sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Temuco en vistas de los tratados internacionales, tesis que fue desechada por el máximo tribunal, en fallo dividido alcanzado gracias a la votación de dos abogados integrantes, lo que a juicio de la abogada constituye una "aberración" jurídica, tanto en la forma como en el fondo.
"Es una aberración desde el punto formal que en una causa de esta naturaleza y envergadura el fallo se alcance una mayoría con abogados integrantes", dijo.
"En cuanto al fondo, desconoce la naturaleza del derecho internacional, es absolutamente infundado, no tiene fundamentos de ninguna especie", señaló. Tambiñen afirmó que la Convención de Ginebra si es aplicable a estos procesos "ya que, como todos sabemos, la Junta Militar mediante el decreto ley nº 5 decretó el Estado de Guerra en todo el territorio nacional", continuó Carmen Hertz.
Expresó también que, de continuar la "denegación de justicia", los abogados ligados a causas de derechos humanos tendrán que llevar los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues es la única instancia que tiene influencia sobre los Estados.
"Tendremos que presionar para que el Estado chileno sea llevado a la Corte, porque las resoluciones de la Corte son las vinculantes, las de la comisión tienen solamente una vinculación moral que hasta ahora el Estado chileno ha desconocido", señaló.
A juicio de Carmen Hertz, la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema no es un hecho aislado, sino otro precedente que se suma a la designación del juez Víctor Montiglio como instructor de las causas que dejó el jubilado magistrado Juan Guzmán.
"Me llama la atención profundamente que se haya designado un ministro como Víctor Montiglio, que no sabe nada de derecho penal, y lo digo derechamente porque es un abogado civilista y un juez civilista, que a él y precisamente a él, se le asignen las causas que llevaba el juez (Juan) Guzmán, a un abogado civilista, partidario de la prescripción sin mayor investigación", expresó.
También criticó que el ministro de la Corte de Apelaciones Rubén Ballesteros haya sido designado por el Gobierno, previa consulta al Senado, como nuevo integrante del máximo tribunal teniendo en cuenta que "no es de los mejores ministros" además de su postura cercana al pinochetismo que le ha llevado a rechazar todos los desafueros que se han solicitado contra el ex dictador Augusto Pinochet.
"Esto demuestra la debilidad de un sistema que determina la concurrencia del Senado, o sea, de un elemento político cien por ciento en la designación de los ministros de la Corte Suprema", finalizó la jurista.