Lucchetti: Colegio de Abogados de Perú refrendó transparencia de tribunales

Marcos Ibazeta, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Perú, consideró que la realidad de los tribunales de su país asegura que los tres ejecutivos de Lucchetti declarados reos contumaces o rebeldes tienen todas las garantías para un debido proceso, incluida su presunción de inocencia sobre el presunto delito de tráfico de influencias.

En conversación con El Diario de Cooperativa, Ibazeta expresó que "en el Perú se están dando procesos abiertos, donde la población participa y se ejerce un control de legalidad, y si algo se desborda, tenemos el Tribunal Constitucional que está vigilando muy seriamente muchos procesos, en algunos de los cuales nuestro Tribunal Constitucional inclusive intervino para anular procesos".

"Desde el punto de vista sociológico", consideró el abogado, "la tremenda corrupción que existió en la década pasada y que tuvo como su principal centro a Vladimiro Montesinos (...) ha generado un rechazo y una exigencia poblacional de sanción, porque evidentemente la impunidad no puede campear en estos casos".

Sin embargo, Marcos Ibazeta sentenció que no desean "una justicia con venganza, sino que se hagan las cosas rápidas".

"El Colegio de Abogados de Lima lo que está exigiendo ya es que el Poder Judicial termine de una vez con estos procesos, dentro de los marcos de racionalidad y proporcionalidad", explicó el jurista, quien consideró que el tribunal "se ha demorado demasiado en dilucidar este proceso", agregó.

El líder de los abogados peruanos aseveró que "este problema con ustedes, el Estado chileno que reclama por sus connacionales, nos pone en una situación realmente complicada, no estamos hablando acá que se va a interferir en el sistema de justicia, pero evidentemente que nuestra imagen se debilita cuando estas coincidencias ocurren".

Ibazeta detalló que desde el punto de vista penal, el caso contra Andrónico Luksic, Gonzalo Menéndez y Fernando Pacheco comenzó a través de denuncias formalizadas por el Ministerio Público ante un juez, quien de acuerdo a los antecedentes, abrió una investigación durante cuatro meses.

El expediente pasó a una Sala Superior, que lo derivó a un fiscal, quien optó por formular una acusación y no archivar el tema, por lo que ahora hay un juicio oral, "donde se van a discutir los medios de prueba y donde evidentemente todavía rige la presunción de inocencia, pero hay una imputación concreta de la Fiscalía. Ese es el caso de los ciudadanos chilenos a los que se ha hecho referencia".

El abogado añadió que la tesis de discriminación que argumentan los defensores de los ejecutivos de Lucchetti se debe a que para ellos los delitos imputados prescriben a los seis años, mientras que los Justicia considera que ese plazo es de ocho años, lo que es "un debate jurídico".

De acuerdo a la legislación, estimó el decano del Colegio de Abogados de Perú, si sólo se configurara el tráfico de influencias, debería haber prescripción, pero en el caso de que exista "un concurso de delitos" la situación variaría.

Finalmente, Marcos Ibazeta aseguró que es un "derecho" de los tres chilenos recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero recordó que "si uno no tiene confianza en un tribunal, normalmente no se presenta, pero esto entorpece más las cosas".

Luksic, Menéndez y Pacheco son acusados de tráfico de influencias a raíz de las presuntas gestiones que hicieron ante el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, para lograr un resultado favorable en el litigio que mantuvo Lucchetti con la Municipalidad de Lima por la instalación de una planta en una zona protegida por su valor ecológico. (Cooperativa.cl)