Gobierno de Bolivia analiza situación de ministros retenidos por pobladores
Tres secretarios de Estado fueron tomados como rehenes por habitantes de una zona fronteriza con Brasil, quienes demandan que se autorice el funcionamiento de una empresa.
En un consejo de ministros extraordinario, citado a las 05:00 horas locales (09:00 GMT), el Gobierno de Bolivia analiza la situación de tres ministros, retenidos por pobladores de un municipio de la frontera con Brasil, que reclaman una autorización oficial para la instalación de una siderúrgica.
Los ministros de Planificación del Desarrollo, Carlos Villegas; de Desarrollo Económico, Celinda Sosa, y de Minería, Walter Villarroel, están como rehenes de los vecinos de Puerto Suárez, indicó el titular de Defensa, Wálker San Miguel, en una rueda de prensa.
El suceso se produjo aproximadamente a las 19:30 horas del pasado martes.
Los habitantes de Puerto Suárez, junto a sus vecinos de Puerto Quijarro, tomaron la decisión contra las autoridades para presionar al Ejecutivo con el objetivo de que emita la licencia ambiental en favor de la empresa siderúrgica MMX, filial de la brasileña EBX.
La Paz considera ilegal la planta porque está ubicada en la franja fronteriza del país, prohibida para extranjeros, y porque pretende utilizar carbón vegetal, con grave perjuicio para el medio ambiente de la región.
Según fuentes de prensa, los tres ministros se encuentran encerrados en el local del Comité Cívico de la localidad, pero con protección de efectivos de la Fuerza Naval Militar y de la policía.
Aunque no han sido maltratados, si han sido insultados por la gente que participó en la asamblea donde se escucharon las explicaciones de las autoridades a la demanda para que se permita la continuación del proyecto industrial.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Héctor Arce, sostuvo que el Gobierno no negociará la soberanía del país y menos bajo medidas de presión.
El funcionario dijo que se denunciará el hecho, que calificó de delito contra el estado de derecho, ante la Fiscalía General de la República, para su investigación y sanción.
Los ministros rehenes habían viajado a la frontera para explicar a los pobladores del lugar el mecanismo aprobado por el Gobierno para asegurar la licitación de la explotación de los yacimientos de hierro de Mutún, ubicados a 30 kilómetros al sur de la zona de conflicto. (EFE)