La silla eléctrica quedó desterrada en EE.UU. tras prohibirse en Nebraska

La pena de muerte por electrocución quedó definitivamente desterrada en Estados Unidos, después de que el Tribunal Supremo de Nebraska declaró que el método es anticonstitucional.

La decisión benefició de inmediato al hispano Raymond Mata, condenado a muerte por el asesinato premeditado en 1999 de Adam Gómez, un niño de tres años.

La pena de muerte rige en 36 de los 50 estados del país y Nebraska era el único que mantenía la silla eléctrica como método de castigo. En los demás, la máxima condena se aplica mediante una inyección letal.

"El sello característico de una sociedad civilizada es que castigamos la crueldad sin apelar a ella", manifestó el tribunal de nueve miembros.

"Las pruebas demuestran que la electrocución infringe un dolor intenso y un sufrimiento agonizante. Por lo tanto, la electrocución como método de ejecución es un castigo cruel y desusado", apuntó.

Además, comentó, es "un dinosaurio más apropiado para un laboratorio del Barón Frankeinstein que para una cámara de la muerte".

"Este es el último clavo en el ataúd de la electrocución", indicó Richard Dieter, director del Centro de Información de la Pena de Muerte (CIPM).

"Es un mensaje dirigido a los otros estados en el sentido de que la pena de muerte está bajo el escrutinio de los tribunales estatales y federales", añadió.

La proscripción del castigo determinó el aplazamiento indefinido de la ejecución de Mata, cuya víctima, hijo de su antigua novia, fue secuestrada, asesinada y luego descuartizada.

En su veredicto sobre la ejecución, el tribunal explicó que su decisión sobre la silla eléctrica no significa la abolición de la pena de muerte en el estado.

Según cifras de CIPM, desde ese año han sido ejecutados 1.099 asesinos, 154 mediante la electrocución, tres de ellos en Nebraska.

La pena capital está bajo una virtual moratoria en Estados Unidos desde septiembre del año pasado, cuando el Tribunal Supremo decidió considerar los alegatos de dos condenados en el estado de Kentucky que alegan que la inyección letal también es un castigo inconstitucional. (EFE)