Senadores de derecha fustigaron reparación económica a militantes del MIR
Romero, Arancibia y Prokurica rechazaron que los miristas sean parte de la ley de exonerados políticos.
No obstante, la Contraloría determinó que el movimiento era una empresa.
"No es que no lo comparta, es que hay una incoherencia de fondo, hay una situación que realmente cuesta explicar, creo que un personero que actuó en aquella época no sé cómo le va a explicar a sus descendientes, de verdad creo que le va a hacer un flaco favor a quienes en un minuto señalaban que actuaban por intereses superiores e ideales", comentó.
Los senadores Jorge Arancibia y Baldo Prokurica también criticaron la medida, al afirmar que no es razonable pagar la indemnización a gente que perteneció a un grupo "político violentista".
Estas declaraciones generaron molestia en antiguos dirigentes del MIR, como el ex secretario general Andrés Pascal Allende, a quien el Ministerio del Interior le pidió testificar respecto de los casos de personas que dicen haber pertenecido al movimiento.
El otrora dirigente argumentó que los integrantes fueron perseguidos políticamente por años y que en el ámbito laboral permaneció, por miedo, al alero de empleos informales por lo que nadie puede cuestionar que se les repare económicamente.
"Creo que es inobjetable. Hay problemas a veces prácticos, en el caso del MIR que de fuera un movimiento nuevo, eran todos muy jóvenes. Deberían preocuparse que no sólo estos que fueron militantes del MIR, sino que todos los chilenos llegada a una edad, tengan una seguridad", señaló.
Por su parte, el ex ministro del Interior de la dictadura Sergio Onofre Jarpa, quien también fue beneficiado por la ley, aseguró que reparte el dinero a fundaciones de beneficencia.
"Creo que es una equivocación, ahí no hay imposiciones, ni contratos registrados, así que no puede ser que tengan el mismo tratamiento que la gente que trabaje en una empresa", fustigó.
Cuando comenzó la norma, el entonces contralor Gustavo Sciolla frenó el proceso a través de una resolución que rotuló al MIR como una agrupación de hecho.
Sin embargo en 2007 una nueva presentación de ex miristas encontró una respuesta positiva en la administración del actual contralor Ramiro Mendoza, quien dictaminó que constituían una empresa.
Durante mayo, la Contraloría resolvió que el movimiento poseía una organización y que tenía finalidades, así como otras características incluidas en el Código del Trabajo para determinar la condición de empleados.
Así, el órgano regulador explicó que el MIR era una empresa, por lo que cerca de 400 militantes podrán acceder a la reparación del Estado por haber perdido su fuente laboral por razones políticas.