Su presidenta, María Soledad Piñeiro, vinculó las críticas a la nominación de Raúl Mera con la falta de un órgano "objetivo" en este proceso.
"No hay una orientación hacia concentrarse en las necesidades que debieran cumplirse para ejercer un cargo como este", planteó.
Entre los condenados que pedían la medida están Hugo Salas Wenzel, Fernando Lauriani Maturana y Raúl Iturriaga Neumann.
Los cuatro ex uniformados recibieron pena de 10 años en calidad de autores.
El Fisco deberá pagar 60 millones de pesos a cada hermano de la víctima por daño moral.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión explicó que el proceso "penal podría conducir a la criminalización de expresiones artísticas".
Según la institución, los policías que ocuparon escopetas antidisturbios cuando el joven fue dejado ciego ya están enfrentando a la Justicia.
"Además, sumario interno no ha concluido (...) Identidades y antecedentes de personal involucrado han sido aportados a instancias correspondiente", aseguró.
La organización aseguró que se agredió a los internos causando daños físicos.
Desde Gendarmería anunciaron un sumario interno, aunque según un informe médico las lesiones son autoinferidas.
Un funcionario de la institución fue dado de baja en el marco de la investigación por la lesión que sufrió el joven, quien quedó ciego durante las protestas de octubre.
El máximo tribunal elevó a 10 años y un día de presidio la pena que deberá cumplir el jefe de la patrulla militar.
Estos crímenes fueron perpetrados en la población Lintz, el 31 de enero de 1974.
Adriana Rivas, detenida en Sídney desde 2019, afronta un proceso en Chile por la desaparición de siete personas durante la dictadura.
El próximo 27 de julio se conocerá si el juez acepta o no el traslado de la "Chani".
Esta propuesta permitiría a autores de crímenes de lesa humanidad salir en libertad.
De los más de 13 mil presos liberados entre marzo y mayo, casi 8.000 estaban condenados y más de 5.000 tenían calidad de imputados.
Cambios de medidas cautelares, libertades condicionales y la aplicación del indulto conmutativo fueron algunos de los motivos de las excarcelaciones.
Un proceso estuvo detenido casi dos años y 21 de los 39 requerimientos presentados se han rechazado.
Así lo informó el máximo tribunal en un escrito dirigido a la fiscal Ximena Chong, que investiga la posible corrupción en el organismo.
Una trabajadora de salud sería la responsable de ingresar con el virus al recinto.
En los próximos días se determinará si los presos necesitan realizarse el examen PCR.
Uno de sus principales legados fue que se acogiera la tesis del secuestro permanente para las violaciones a los derechos humanos.
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