Empresas mexicanas dedican el 5 por ciento de sus ingresos a pagar sobornos
El principal objetivo de estos es la aceleración de trámites.
Las reparticiones públicas más susceptibles a estas irregularidades son los municipios.
Las empresas de todo tipo que operan en México "destinan un 5 por ciento de sus ingresos anuales al pago de sobornos" y un 77 por ciento de ellas admite haber padecido un fraude interno en el último año, señala una encuesta de la firma de auditoría KPMG difundida por Consulta Mitofsky.
"El 44 por ciento de las empresas (...) ha reconocido haber realizado algún pago extraoficial a servidores públicos" y un 67 por ciento de las firmas reconoce que la corrupción "tiene un efecto negativo en su competitividad", detalla la Encuesta sobre Fraude y Corrupción en México 2008.
Según el estudio, el principal detonador de la corrupción en México es la lentitud de los trámites (47 por ciento), seguido de las multas injustificadas (27 por ciento), la pérdida de contratos, el aumento de costos de operación (21 por ciento en ambos casos) y falta de vigilancia e inseguridad (7 por ciento).
"El nivel de gobierno donde más incidencia existe de este tipo de pagos extraoficiales es el municipal. Seis de cada diez empresas consideran que los pagos extraoficiales a servidores públicos tienen un impacto significativo en sus proyecciones de inversión en México", asegura KPMG.
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| El 44 por ciento de las empresas reconoce haber realizado algún pago extraoficial a empleados públicos. |
Fraudes internos
Dentro de las mismas empresas son comunes los fraudes, perpetrados en general por los propios empleados (46 por ciento), de un perfil representado por varones de entre 25 y 35 años, con una antigüedad de uno a tres años y que ocupa una posición de mando medio u operativo.
La mayor parte de estos delitos internos es el robo de inventarios o la asociación fraudulenta con los proveedores de las empresas.
El resultado de estas circunstancias adversas relacionadas con la corrupción y el fraude fue un aumento en los costos de operación para las compañías (53 por ciento), una pérdida de confianza entre empleados (41 por ciento) y daños a la imagen de las empresas (25 por ciento).
En este país "solo el 43 por ciento de los casos de fraudes detectados es denunciado ante las autoridades", un porcentaje inferior al 60 por ciento que hay en EE.UU., comentó KPMG.