Fiscalía incautó documento de Gendarmería que alerta sobre falta de red seca en San Miguel
Además, en el texto se hace hincapié en el "mercado negro" encabezado por los gendarmes.
La Corte Suprema sostuvo que todo el sistema penal es responsable de la tragedia.
Los fiscales Pablo Sabaj, Jorge Apablaza y Francisco Rojas, quienes visitaron la Dirección Nacional de Gendarmería, incautaron un documento reservado donde se da cuenta de la inutilización de la red seca del penal San Miguel.
En el 
informe se señala que como "solución parche" la Subdirección Operativa hizo un arreglo artesanal con la red húmeda disponible, por lo que en caso de sofocar un incendio sólo se podía usar el agua potable del recinto.
Además, también se hace hincapié en "el mercado negro" manejado por los gendarmes para proveer de gas, drogas, celulares y alcohol a los internos.
Estos aspectos fueron reseñados por el vocero de la Corte Suprema, Nibaldo Segura, quien sostuvo que el sistema penal en su conjunto es responsable de la tragedia.
"El problema macro está constituido de muchos problemas micros, obviamente que todo tiene que ser en su contexto estudiado y solucionado. Acá está implicado todo el sistema, ningún organismo tiene la responsabilidad exclusiva", expresó Segura.
Doce funcionarios fueron dados de baja
En tanto, el director nacional de Gendarmería, Luis Masferrer, denunció la dada de baja y posterior detención de cinco funcionarios por ser parte de una red de protección de reos ligados al narcotráfico.
"Esta asociación para protección de condenados ligados al narcotráfico tenía como relación generar traslados al interior de los recintos penales en la Región Metropolitana y manipular antecedentes de cada una de las carpetas de los condenados para beneficiar su postulación a la ley de rebaja de condena", indicó Masferrer.
Los funcionarios quedaron detenidos por el delito de asociación ilícita para el cohecho, como lo explicó el fiscal metropolitano occidente, Gonzalo Guerrero.
"Se solicitaban desde ingresar aparatos celulares, que en un principio sirven para continuar la actividad ilícita de los detenidos dentro de los penales, como también lograr trasladar internos de un lugar a otro con el manejo que pueden hacer ellos de los antecedentes estadísticos y también obtener rebajas de condenas", reseñó.
Los gendarmes involucrados pertenecían a la Dirección Nacional, ex Penitencia y Santiago I, los que se suman a los siete fueron dados de baja en Copiapó.
En tanto, el presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, Pedro Hernández, desestimó la presencia de corrupción al interior de la cárcel de San Miguel.
"Al jefe de San Miguel le compete una responsabilidad de lo sucedido, lamentamos que su responsabilidad la quiera apartarse de ella, apuntando a los funcionarios. Pero es peor, porque si tenía antecedentes ¿por qué no lo denunció? ¿Es cómplice?", expresó.