Abogado de La Greda: El Gobierno debe decidir entre las personas y la industria
Raúl Meza recurrirá a la Corte Suprema para paralizar el funcionamiento de Ventanas.
El profesional espera que la autoridad sanitaria fiscalice a las empresas de este tipo.
El abogado de los padres y apoderados de la escuela La Greda de Puchuncaví, Raúl Meza, sentenció en Una Nueva Mañana que el Gobierno deberá decidir entre la salud de las personas y los intereses económicos de la industria.
Meza enfatizó que "aquí hay un daño a la población en general, todos los habitantes de las comunas de Puchuncaví y Quinteros están siendo dañados en su salud. Por lo tanto, ¿Quiénes son los que tienen que irse? ¿La población o las industrias?".
"Es una opción que hay que tomar y aquí la tiene que tomar el Gobierno derechamente. Si privilegia la salud de las personas que viven en la zona o si privilegia los intereses económicos de las empresas", puntualizó.
El abogado aseveró que lo más grave del caso de la división Ventanas de Codelco es que "hoy día el seremi de Salud de la Quinta Región hizo un requerimiento al alcalde de Puchuncaví para solicitarle las autorizaciones sanitarias a todo el cordón industrial, no sólo a Codelco".
"Durante 20 años nadie ha pedido la autorización sanitaria para autorizar estas empresas, por lo tanto, llevan 20 años sin ninguna facultad para seguir funcionando", por lo que corresponde que "la autoridad de Salud fiscalice en terreno la autorización sanitaria y si no la tiene, paralice y clausure su funcionamiento", enfatizó.
Por ello, Meza anunció que "vamos a solicitar concretamente a la Corte Suprema, en virtud del resultado de estos exámenes que arrojó el día de ayer y fue entregado a los familiares, derechamente solicite la paralización a lo menos transitoria de la División Ventanas de Codelco por cuanto entendemos que hay que profundizar estos estudios".
El abogado comentó que los padres están con "mucha inquietud" tras conocer los resultados del examen practicado a los estudiantes de La Greda, en Puchuncaví, que arrojó que al menos 30 menores presentan niveles de arsénico y plomo.