Tribunal danés dictará sentencia contra activistas de Greenpeace
Esto, por a irrupción de miembros del organismo en una cena de Estado en 2009.
Se espera que los involucrados eviten la cárcel y sólo reciban multas.
Un tribunal danés dictará sentencia contra 11 activistas de Greenpeace por irrumpir en la cena de jefes de Estado ofrecida por la reina Margarita II de Dinamarca con motivo de la cumbre climática mundial que se celebró en Copenhague en diciembre 2009.
En la vista final celebrada e
l pasado viernes quedó claro, sin embargo, que los 11 activistas evitarán la cárcel, ya que el fiscal se limitó a pedir penas de prisión condicional de 60 días y multas de 3.000 coronas danesas (400 euros) para 10 de ellos, además de la prohibición de volver a Dinamarca por 6 años para ocho de los imputados que son extranjeros.
Un undécimo acusado, que tiene antecedentes por casos de allanamiento de morada, se arriesga a una condena condicional de no menos de 70 días y una multa de 5.000 coronas (671 euros), mientras la organización Greenpeace Nordic, a una multa de 200.000 coronas (27.000 euros).
El alargamiento de la vista motivó que el juez aplazara hasta el lunes la sentencia de un caso en el que a los imputados se les acusa de falsificación documental, suplantar a autoridad pública y allanamiento de morada, agravado por una ofensa a la reina Margarita II, anfitriona de la cena.
El fiscal insistió el viernes en la gravedad de los hechos y en que estos no tenían nada que ver con la cumbre, además de considerar la irrupción de los activistas en el palacio de Christiansborg, escenario de la cena, como una amenaza indirecta a la monarca danesa.
"Greenpeace tiene que respetar las leyes como todo el mundo, no está por encima de la ley", dijo el fiscal, quien señaló que los hechos merecerían prisión incondicional, pero las "características especiales del caso" y que los acusados pasaran 20 días en prisión preventiva hacían que optara por rebajar la petición de pena.
Por el allanamiento, los acusados se arriesgaban a seis meses de cárcel, que podrían duplicarse por el agravante de la ofensa contra la reina, un delito no usado en 80 años; por la falsificación de documento, a dos años; y por la suplantación, a una multa.
La defensa pidió la absolución por lo atípico de los hechos y lo que se juzga, una expresión política, un "grito de auxilio a los políticos y al mundo", según el abogado Jakob Arrevad.