Protestas masivas en Francia contra la reforma de las pensiones del Gobierno

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Algunos de los manifestantes causaron incidentes y destrozos por los que fueron detenidas 38 personas.

 Agencia EFE

Con huelgas y manifestaciones masivas en las calles, cientos de miles de franceses secundaron este jueves la llamada a la movilización lanzada por los sindicatos contra la reforma del sistema de pensiones propuesta por el Gobierno del presidente Emmanuel Macron.

"La movilización es la imagen de lo que leemos en las encuestas, es decir, que una gran mayoría de los ciudadanos de este país están en contra de esta reforma", afirmó Philippe Martínez, secretario general de la Confederación General del Trabajo (CGT) francesa, desde la cabecera de la multitudinaria manifestación organizada en París.

De acuerdo con los sindicatos, solo en la capital unas 400.000 personas marcharon contra los planes del Gobierno y formaron una marea humana que se expandió durante horas entre la Plaza de la República y la de la Nación. Para el Ministerio de Interior, no obstante, en la capital se congregaron 80.000 personas.

Algunos de los manifestantes causaron incidentes y destrozos por los que fueron detenidas 38 personas.

Los dos principales ejes del proyecto, que el Ejecutivo defiende como imprescindible para el equilibrio financiero del sistema, son el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años para 2030 y el aumento del periodo de cotización de 42 a 43 años para 2027 (hasta ahora previsto para 2035) para disfrutar de la pensión completa.

"Queremos tener una buena jubilación, no queremos llegar a la jubilación estando quebrados, cansados, rotos (...) Si el Gobierno no recobra la razón habrá más protestas", advirtió, por su parte, Laurent Escure, secretario general de la Unión Nacional de los Sindicatos Autónomos (UNSA).

A pesar de las manifestaciones masivas, Macron afirmó que el Gobierno no va a dar marcha atrás a la reforma.

El Ejecutivo asegura que la reforma es necesaria porque el sistema va a generar un déficit que alcanzaría los 12.500 millones de euros en 2030, mientras que sus detractores creen que se podría tasar a los ultrarricos y a los beneficios del capital para solventarlo.