Impedido de salir de Chile, el "supremo" Simpertigue enfrenta su acusación constitucional

El ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue se encuentra en el centro de la controversia política y judicial por su vinculación al bullado caso "Muñeca Bielorrusa", situación que lo enfrenta a una acusación constitucional que le impide salir del país.

La medida cautelar se mantendrá mientras el proceso avanza en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde una comisión parlamentaria comenzó el análisis de los cargos en su contra.

Las imputaciones que se le reprochan incluyen sus actuaciones en los mediáticos casos "Belaz Movitec" y "Fundamenta", así como denuncias de tráfico de influencias en favor de su yerno. Estos cargos se estructuran en tres capítulos dentro de la acusación.

La tramitación de la acusación sigue un cronograma definido. La Cámara Baja debe esperar la respuesta de Simpertigue, quien tiene hasta el viernes para presentar su contestación.

Posteriormente, la Comisión dispone de seis días para elaborar un informe que recomendará a la sala la admisibilidad o no de la acusación. 

Proceso clave en la comisión parlamentaria

Este lunes, la comisión parlamentaria encargada de analizar la acusación constitucional contra el juez Simpertigue inició una serie de audiencias, las que tienen como objetivo recabar antecedentes y evaluar los descargos del magistrado.

La diputada Maite Orsini (FA), presidenta del grupo parlamentario, explicó que la defensa del aludido "no ha presentado aún su contestación, sin embargo, todavía se encuentra dentro del plazo legal para hacerlo".

"Mientras tanto, acordamos sesionar el lunes, martes y miércoles paralelo a la Sala para escuchar a los cinco doctores en derecho y a los dos medios de comunicación mencionados en la acusación", detalló la parlamentaria.

Orsini también se refirió a la independencia del proceso, afirmando que "no he recibido presiones de ningún sector, ni desde el oficialismo, ni desde la oposición, ni desde quienes redactaron la acusación constitucional para votarlo en ninguna fecha".

"Mi sensación personal es que esta acusación constitucional no responde a ningún sector político en particular y que no hay ningún sector que se vea más o menos beneficiado previo a la elección con el resultado", enfatizó la diputada frenteamplista, que confirmó también que se despachará el informe "en los plazos que determine la comisión de acuerdo con su correcto funcionamiento", asegurando que los plazos "son súper exactos".

El accionar de la Corte Suprema

Un elemento central en la discusión es el deseo de varios parlamentarios de que la Corte Suprema se pronuncie antes de que la acusación sea votada en la Cámara Baja. El máximo tribunal ya abrió un sumario contra el juez Simpertigue, lo que podría influir en el proceso parlamentario.

Frente a este escenario, el diputado Jorge Alessandri (UDI) enfatizó que "la Corte Suprema tiene que dar el ejemplo, en la forma en que lidian con los casos de corrupción (...) esperaría, por supuesto, más rapidez, primero de los controles de la Corte Suprema y después también de las sanciones".

Por su parte, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) advirtió que "si ellos (la Suprema) no son capaces de autogenerar su propia protección, están forzando a la Cámara de Diputados y al Congreso en su totalidad a tomar las acciones necesarias".

Expertos advierten un "debilitamiento de la probidad y de la igualdad ante la justicia"

Durante esta jornada, expusieron ante la comisión, que integran también los diputados Cosme Mellado (Radical), Álvaro Carter (Ind-Republicanos), Mónica Arce (Ind-DC) y Marco Antonio Sulantay (UDI), los doctores en derecho Francisco Zúñiga (Universidad de Chile) y Javier Couso (Universidad Diego Portales), así como el periodista de investigación Nicolás Sepúlveda.

"Los diputados acusadores, en el primer capítulo del libelo, señalan que el juez Diego Simpertigue habría vulnerado el deber de imparcialidad por haber planificado y ejecutado dos cruceros con uno de los abogados de las dos causas en que tuvo participación como juez. De corroborarse esto, se habría transgredido a mi juicio grave y notablemente el deber de imparcialidad, independencia y probidad por parte del juez", advirtió Couso.

Mientras Zúñiga indicó que lo planteado en el libelo es un "debilitamiento de la probidad y de la igualdad ante la justicia primero, y segundo, un riesgo institucional de normalización de vínculos impropios en la judicatura".

Posibles plazos y precedentes históricos

El calendario para la resolución de este proceso podría extenderse de manera signficativa. Si se agotan todos los plazos máximos establecidos por la ley, la acusación no llegaría a la Sala de la Cámara Baja hasta la quincena de diciembre.

Este caso no es un hecho aislado en el actual período legislativo. El juez Simpertigue se convierte en el quinto magistrado de tribunales superiores del país en enfrentar una acusación y tener que defenderse en el Congreso.

Antes lo fueron Ángela Vivanco, Sergio Muñoz y Antonio Ulloa, todos destituidos de sus cargos.