Solari apoya discusión sobre empleo público, pero "no a dos meses de que termine un Gobierno"

El exministro Ricardo Solari (PS) señaló en El Primer Café que la discusión sobre la estabilidad y las condiciones del empleo en el aparato público es válida, pero "requiere un plazo mucho más largo" que el que queda de acá a marzo, cuando se instalará el nuevo Gobierno y el nuevo Congreso.

La firma de un protocolo de acuerdo entre la Administración Boric y los gremios del sector -en el marco del proyecto de reajuste salarial a los empleados fiscales- desató una intensa polémica respecto un supuesto "amarre" de cargos que limitará el margen de acción de José Antonio Kast. 

En Cooperativa, Solari comentó que "este tema del empleo público no es nuevo, y se trata de que, hace bastantes años ya dejaron de crecer las plantas de los ministerios", y la provisión de personal "se hizo sobre la base de la extensión de las contratas: formas de vinculación de los trabajadores con el Estado que se fueron pareciendo cada vez más al empleo permanente".

"Es decir, eran personas que se les pagaban sus derechos sociales, tenían derecho a vacaciones, y esto tiene una componente -desde el punto de vista del derecho laboral- de una cierta irregularidad, pero ocurrió por mucho tiempo, y debería haberse corregido de alguna manera", explicó.

El exministro recordó que "hubo un pronunciamiento este año de la Contraloría que define un cierto marco, ha habido pronunciamientos de las cortes también", pero en el panorama general, "yo creo que un debate de esta naturaleza, que es absolutamente necesario, tiene que hacerse con tiempo y no puede hacerse a dos meses que termine un Gobierno".

"Yo, francamente, considero válida la discusión, pero no me parece adecuada la temporalidad en cuanto a esto ocurre", pues mientras el empleo privado se regula bajo el Código del Trabajo, y "ha habido transformaciones, cambios -por ejemplo se ha agregado el seguro de cesantía entre uno de sus beneficios, y hay indemnización por año de servicio-; aquí (en el aparato público) no hay ni indemnización ni vigencia del seguro de cesantía, entonces lo que tenemos es una situación de descampado", señaló el presidente del Instituto Igualdad.

Sin embargo, "siendo un debate válido -más válido aún porque hubo un asesor (Cristián Valenzuela) del futuro Presidente que hizo esta famosa columna llamando 'parásitos' a trabajadores del sector público (...) obviamente esto (el acuerdo) ajiza el debate".

"A mi juicio estas son discusiones que requieren un plazo mucho más largo que las semanas finales de vigencia del actual Parlamento". El tema "tiene muchísima complejidad, porque de alguna manera es (involucra) una modificación relevante al estatuto administrativo", y el espacio idóneo para abordar el asunto no es la ley de reajuste, añadió el exministro del Trabajo.

Ubilla: "Claramente es un amarre"

Por su parte, el exsubsecretario Rodrigo Ubilla (RN) opinó que "este protocolo de acuerdo que ya firmaron (en el Gobierno saliente) con las asociaciones gremiales raya en algo más allá que lo estético: es claramente un amarre, es tratar de dejar con menores grados de libertad a la próxima Administración".

"La gran modernización del Estado es un proyecto en sí mismo, que tiene que absorber dimensiones muy grandes respecto no solo a la contrata, a los honorarios, sino que también a las plantas, que están desactualizadas, hay servicios que requieren más funcionarios y hay otros que hace 70 años eran relevantes y que hoy día les sobra (personal)", apuntó.

"Este amarre lo asocio a lo mismo que hizo este Gobierno en la Ley de Presupuestos con la glosa republicana (...) son pequeñas señales que entran a preocupar. Ojalá que me equivoque, pero creo que si no hacemos una modernización en serio de la administración pública, deberíamos dejar las cosas como están", cerró el hoy representante de Libertad y Desarrollo.