Congreso despachó a ley la reforma al sistema de inteligencia del Estado

La Cámara de Diputados ratificó el informe de la comisión mixta y despachó a ley el proyecto que fortalece y moderniza el Sistema de inteligencia del Estado, cuya tramitación se extendió por más de siete años.

El proyecto "permitirá establecer una nueva institucionalidad en la materia, mejorando la capacidad del país para enfrentar el crimen organizado transnacional y el terrorismo", indicó el Gobierno.

La iniciativa contempla una Política Nacional de Inteligencia del Estado, que establecerá objetivos estratégicos de mediano y largo plazo. También incluye un Plan de Desarrollo para el Sistema de Inteligencia, cuyo fin es definir los objetivos estratégicos que orientan la acción de los integrantes del sistema.

Asimismo, determina nuevos órganos de coordinación y asesoría, como el Consejo Interministerial de Inteligencia, que estará integrado por el ministro del Interior, que presidirá el comité, y los titulares de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Pública.

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Por su parte, el director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) encabezará el Comité de Inteligencia del Estado, cuya función será coordinar distintos organismos de la materia. También se establecen nuevas funciones para el organismo en tareas como ciberseguridad, infraestructura crítica, acceso a datos específicos y acreditación de seguridad, estableciendo procedimientos especiales para obtener información.

El Presidente de la República tendrá un plazo de un año desde la publicación de la reforma para ingresar un proyecto de ley que regule el estatuto especial del personal de la ANI y dictar la primera Política Nacional de Inteligencia del Estado.

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, valoró la aprobación del proyecto y subrayó que la comisión mixta "hizo un esfuerzo para arribar a un acuerdo amplio para aprobar una ley moderna respecto al sistema de inteligencia que cumpla con todos los estándares democráticos y de derechos humanos".

Innovaciones del proyecto

Entre las innovaciones del proyecto se encuentra el establecimiento de responsabilidades y sanciones penales por uso indebido de técnicas de investigación, como utilización de inteligencia con fines políticos, filtración o mal uso de información secreta.

Plantea la ampliación del Sistema de inteligencia, incorporando a organismos colaboradores como la Agencia Nacional de Ciberseguridad, Gendarmería, Unidad de Análisis Financiero, Aduanas, SII y Cancillería.

También incluye mecanismos de control democrático y normas de control interno para las Fuerzas Armadas, como la actualización de normas sobre declaraciones de intereses y patrimonio, que tendrán carácter secreto.