Funcionarios del Poder Judicial acusan desigualdad salarial "estructural" y recurren a tribunales
Administradores y jefes de unidad presentaron un recurso de protección por no corregir brechas remuneracionales.
Aseguran que estas llegan hasta un 48% y acusan una omisión ilegal que se mantiene desde hace años.
En 2016 se aplicó una nivelación a jueces grado 6, lo que —afirman— demuestra que el Estado reconoció distorsiones salariales.
Cinco funcionarios del Poder Judicial presentaron un recurso de protección por una desigualdad salarial "estructural", acusando a la Corporación Administrativa del Poder Judicial, al Ministerio de Justicia y a la Dirección de Presupuestos (Dipres) de incurrir en una omisión ilegal al no corregir brechas que, afirman, se arrastran desde hace años.
Según informó Emol, los recurrentes se desempeñan como administradores y jefes de unidad en tribunales de la jurisdicción de Santiago y están asociados a la Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (Aprajud).
En el escrito sostienen que existen distorsiones en la estructura de sueldos del escalafón profesional superior que han sido reconocidas institucionalmente, pero que nunca han sido corregidas mediante una decisión administrativa definitiva.
En particular, cuestionan que no se hayan corregido diferencias en asignaciones de nivelación y responsabilidad que afectan a funcionarios de los grados 8°, 9°, 10° y 11°.
Aseguran que, pese a la instalación de mesas técnicas y a diversas gestiones realizadas en los últimos años, las autoridades no han dictado un acto formal que resuelva el problema, prolongando -afirman- una situación de inequidad reconocida.
Los funcionarios sostienen que la omisión se repite cada mes, al recibir sueldos que consideran más bajos de lo que deberían según criterios de igualdad interna.
En esa línea, recuerdan que en 2016 sí se aplicó una nivelación a jueces grado 6, lo que, a su juicio, evidencia que el Estado ha reconocido previamente la existencia de distorsiones salariales, pero sin extender la corrección a los profesionales administrativos.
De acuerdo con el recurso, mientras en el escalafón primario las diferencias entre grados rondan el 14 por ciento, en el escalafón secundario -donde se ubican los recurrentes- pueden llegar hasta un 48 por ciento, sin una justificación técnica o jerárquica formalmente explicitada.
Por ello, acusan vulneración del derecho a la igualdad ante la ley y del derecho de propiedad, argumentando que la brecha genera un perjuicio patrimonial continuo.
En su presentación solicitan que el tribunal declare la existencia de una omisión ilegal y ordene a los organismos recurridos dictar un acto administrativo fundado que corrija las distorsiones remuneracionales denunciadas.