Policía española liberó a tres sudamericanas, víctimas de explotación sexual
Las víctimas eran captadas mediante engaños y trasladadas a España como supuestas turistas, generando deudas de hasta 7.000 euros.
eran sometidas a jornadas de explotación sexual sin descanso y bajo amenazas contra sus familias.
La Policía Nacional española liberó a tres víctimas y detuvo a 11 personas miembros de una organización criminal dedicada al tráfico de mujeres procedentes de Sudamérica que trasladaban a España para obligarlas a ejercer la prostitución.
Según informó este lunes la Dirección General de la Policía Nacional, las víctimas eran captadas mediante aplicaciones de mensajería instantánea y trasladadas a España tras generarles una deuda de hasta 7.000 euros (unos 8.000 dólares).
Una vez en España, eran explotadas sexualmente en viviendas y locales las 24 horas al día, con tan solo dos horas de descanso y sin poder negarse a realizar ningún tipo de servicio sexual. Además, debían ceder su imagen para publicar anuncios en páginas web de contactos.
La investigación permitió liberar a tres víctimas y detener a once personas en las provincias de Castellón (6), Madrid (2), Sevilla (2) y Alicante (1).
Cuatro de los principales responsables ingresaron en prisión provisional por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, delitos relativos a la prostitución, pertenencia a organización criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal y delitos contra la salud pública.
Captadas mediante aplicaciones de mensajería instantánea
La investigación se inició en septiembre de 2025 tras la declaración de varias víctimas, que aseguraron que fueron captadas mediante aplicaciones de mensajería instantánea. A través de engaños y técnicas de manipulación conseguían ganarse su confianza y persuadirlas para viajar a España.
La red criminal les proporcionaba los billetes de ida y vuelta, la reserva del hotel y un seguro médico de viaje, todo ello con el objetivo de simular un viaje meramente turístico y evitar sospechas en los controles fronterizos.
Una vez en España, las víctimas contraían una deuda que ascendía a 7.000 euros que debían saldar ejerciendo la prostitución para el entramado criminal.
Las mujeres eran explotadas sexualmente en locales y en pisos prostíbulo situados en Castellón (este), Madrid (centro) y Sevilla (sur). En muchos casos permanecían durante varios días o semanas en una vivienda antes de ser trasladadas a otros pisos gestionados por miembros de la organización.
El reparto de los beneficios de los servicios sexuales era, teóricamente, del 50 % para las mujeres y del 50 % para la responsable del piso, aunque esta condición rara vez se cumplía.
Algunas víctimas llegaron a recibir fotografías de sus familiares en sus países de origen con el objetivo de intimidarlas y garantizar que continuaran ejerciendo la prostitución sin denunciar los hechos. Los investigados exigían el pago periódico de la deuda mediante llamadas telefónicas.