¿Crisis o sobrerreacción? Plan "Escuelas protegidas" abre debate sobre medidas propuestas

El ingreso de un nuevo proyecto de ley para combatir la violencia en los colegios, conocido como "Plan Escuelas Protegidas" y promovido por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, ha generado un debate sobre la mejor manera de enfrentar los desafíos en los establecimientos educacionales.

La discusión central gira en torno a si las medidas propuestas responden a una verdadera crisis o si, por el contrario, representan una sobrerreacción que podría tener consecuencias negativas.

En su participación en El Primer Café de Cooperativa este miércoles, la secretaria nacional de la Democracia Cristiana (DC), Alejandra Krauss, afirmó que, aunque "debiendo abordarse el tema de la violencia escolar, tampoco (se debe) sobre reaccionar", enfatizando la importancia de la prevención y la necesidad de mirar más allá de las respuestas inmediatas.

"Me falta algo esencial en esta materia (...) medidas preventivas", puntualizó Krauss, que también alertó sobre un "sesgo envuelto en el proyecto de ley que me preocupa brutalmente, porque es como los pobres están condenados a ser delincuentes", refiriéndose a la medida que propone la pérdida de la gratuidad universitaria para infractores.

"Guardemos estas caricaturas que no nos hacen bien", concluyó la militante democratacristiana.

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Por contraparte, el diputado y vicepresidente de la UDI, Eduardo Cretton, defendió en Cooperativa la necesidad de la nueva legislación, afirmando que "este proyecto de ley es necesario, sobre todo en las circunstancias en las que estamos viviendo".

Respecto a la revisión de mochilas, una de las medidas impulsadas por el Gobierno, aunque reconoce que "es algo que a nadie le gustaría", la considera "necesario para resguardar la seguridad de alumnos y profesores".

Cretton también respaldó la medida de retirar la gratuidad universitaria a los condenados por violencia, indicando que es "muy importante para que demos una señal potente de que acá los actos tienen consecuencias".

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Por otro lado, Luis Pardo, diputado de Renovación Nacional (RN), manifestó que "la violencia escolar es un fenómeno multicausal, que tiene muchas aristas y una profundidad muy grande en este minuto".

En su opinión en El Primer Café, la realidad actual, marcada por "overoles blancos reactivados en los establecimientos emblemáticos, cuando vemos una ola de amenazas de tiroteo, cuando vemos detección de armas", demuestra que "estamos hablando de una crisis".

Pardo atribuyó este escenario a un "proceso, a mi juicio, cultural que fue impulsado desde la reforma educacional en que el Frente Amplio logró introducir el concepto de democratización de la educación", que, según el parlamentario, llevó "a desproveer de autoridad tanto a los directores como a los profesores, (y a) empoderar más allá de lo saludable a los alumnos".

Consideró que el actual proyecto de ley "apunta a solucionar y a darle un nuevo impulso a la autoridad de directores y profesores".

Desde el Frente Amplio, su secretario general, Andrés Couble, refutó las críticas al enfoque de izquierda, acusando "caricaturas un poco ridículas que se plantean" desde el oficialismo.

Según afirmó en Cooperativa, "democracia y autoridad no son conceptos contrapuestos" y que una "democracia robusta en cualquier espacio fortalece la autoridad".

Respecto a las medidas de seguridad, Couble planteó interrogantes sobre la implementación de la revisión de mochilas: "es importante clarificar quién va a poder revisarlas" y "qué protección van a tener esas personas".

Finalemnte, añadió que "el control de armas en civiles, en general, parte de las políticas de seguridad que en general la derecha no está dispuesta a discutir, es algo importante".

Las miradas desde el Congreso

La Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados comenzó la tramitación del proyecto "Escuelas Protegidas", impulsado por el Gobierno para enfrentar la violencia en el sistema escolar.

Durante la instancia, la ministra de Educación, María Paz Arzola, expuso el escenario actual y advirtió que "la situación que enfrentamos es grave", detallando que "en 2025 se contabilizaron 6.113 amenazas denunciadas a Carabineros, lo que equivale a 31 por día escolar".

A ello se suman 1.023 delitos asociados a drogas (cinco diarios) y 893 casos vinculados a porte o tenencia de armas, con un promedio de 4,5 por jornada. "Esto no es un problema reciente, y si no actuamos ahora esto se nos puede agravar", alertó.

Sin embargo, la diputada Emilia Schneider (Frente Amplio) cuestionó la falta de financiamiento para aplicar estas medidas. "Revisar mochilas, aplicar protocolos requiere recursos, capacitación. ¿Qué le vamos a pedir a un asistente que encuentre un arma que arriesgue su vida sin capacitación?", planteó.

En contraste, el presidente de la comisión, Sergio Bobadilla (UDI), propuso ampliar las sanciones: "No solo que no puedan acceder a la gratuidad, sino también a préstamos, becas (...) debiéramos inhibir a todos aquellos que hayan sido sancionados".

En paralelo, el ministro de Hacienda, José García Ruminot, anunció que el Ejecutivo habilitará una línea de financiamiento a través de la Subdere para instalar pórticos detectores de metales en los establecimientos, en el marco de la reciente ley de convivencia escolar.