Azul Azul: liquidadora de Sartor presentó nueva querella contra Clark
La acción judicial apunta a exdirectores de Sartor y aborda la cadena que habría permitido adquirir y mantener el control de la concesionaria.
Toesca AGF, en su calidad de entidad liquidadora de fondos de la fallida Sartor AGF, presentó una nueva querella criminal relacionada con la estructura de financiamiento que permitió la adquisición del control accionario de Azul Azul, concesionaria que administra a Universidad de Chile.
La acción judicial fue dirigida contra Pedro Pablo Larraín, Miguel León, Mauro Valdés, Oscar Ebel, Michael Clark, Alfredo Harz, Rodrigo Bustamante, Juan Carlos Jorquera y todos quienes resulten responsables, por los presuntos delitos de negociación incompatible y administración desleal.
De acuerdo con la querella, esta nueva línea de investigación apunta específicamente a la cadena compuesta por los fondos Leasing, Táctico, Proyección, Inversiones Cerro El Plomo SpA y el Fondo de Inversión Privado Sartor Tactical Sport, conocido como FIPTS, vehículo utilizado para adquirir y mantener el control de Azul Azul.
El escrito, de acuerdo al detalle proporcionado por La Tercera y al propio texto legal, sostiene que los recursos utilizados para pagar a Carlos Heller por la operación no habrían provenido de aportes efectivos de los partícipes del FIPTS ni de recursos patrimoniales propios, sino de una estructura de financiamiento vinculada a fondos públicos administrados por Sartor.
Según el documento, una semana antes del inicio de la OPA mediante la cual se concretó la compra, el FIPTS suscribió pagarés con vehículos del Grupo Sartor por 3.276 millones de pesos y 3.900 millones de pesos. Además, Asesorías e Inversiones Sartor S.A. habría suscrito otro pagaré por 2.616 millones de pesos, originado en la suscripción de cuotas del FIPTS.
La querella también afirma que los fondos Leasing y Táctico inyectaron 7.200 millones de pesos a Inversiones Cerro El Plomo SpA, sociedad cuyo único accionista era el propio Fondo Leasing, mientras que el Fondo Proyección habría aportado cerca de 1.100 millones de pesos a la misma sociedad. Luego, esos recursos habrían sido transferidos al FIPTS para concurrir al pago de la oferta pública.
Otro punto relevante del escrito es el refinanciamiento de pasivos de Azul Azul con Banco Santander, obligación que era condición de la operación con Heller. Para ello se suscribió un crédito con Inmobiliaria Macul Sartor SpA e Inversiones Gross Limitada, que incluyó un mandato para cobrar directamente de la ANFP sumas derivadas del contrato de derechos televisivos con TNT hasta el 31 de diciembre de 2033.
La querella también aborda el denominado Bono Bulla, instrumento de deuda emitido por Azul Azul en 2022 por 400.000 UF, equivalente a unos 14.000 millones de pesos, con plazo de 10 años y garantía sobre los derechos de televisación. Según Toesca, a la colocación concurrieron los propios acreedores del crédito de 2021, lo que permitió prepagar parte de ese crédito mediante compensación y sin desembolso proporcional de caja.
En esa línea, la acción judicial plantea que la estructura transformó la posición acreedora de Inmobiliaria Macul Sartor SpA, relacionada al Grupo Sartor, en un instrumento de mercado transable, con captura sostenida de flujos de Azul Azul provenientes del contrato televisivo a través de la cuenta de reserva del bono.
El escrito también apunta a la compra del 90 por ciento de las cuotas del FIPTS por parte de Inversiones Antumalal Limitada, sociedad controlada por Michael Clark, concretada el 13 de diciembre de 2024. Con esa operación, Antumalal alcanzó el 100 por ciento de las cuotas del vehículo que mantenía las acciones de Azul Azul.
Según la querella, esa compraventa se pactó por 5.719.488 dólares, monto cercano al reclamado por BCI Corredores de Bolsa contra Asesorías e Inversiones Sartor, y no habría implicado un pago efectivo de caja, sino que fue registrada como una cuenta por pagar de Inversiones Antumalal y una cuenta por cobrar de Asesorías e Inversiones Sartor.
Respecto de Clark, Toesca plantea que al momento de esa operación concurrían tres condiciones relevantes: Era director de Sartor AGF, presidente del directorio de Azul Azul y controlador de Inversiones Antumalal. Para la querellante, esa simultaneidad configura un conflicto de interés estructural en una operación vinculada al control indirecto de la concesionaria.
La querella sostiene finalmente que el perjuicio se configuró por la forma en que se dispusieron, comprometieron y mantuvieron recursos de los fondos Leasing, Táctico y Proyección en favor de sociedades relacionadas o vinculadas al grupo controlador, sin resguardos equivalentes ni garantías proporcionales. Según el texto, los fondos consolidados presentaban una posición agregada en Inversiones Cerro El Plomo por 34.779 millones de pesos al 30 de septiembre de 2024 y deudas con relacionados por 35.211 millones de pesos no informadas en los estados financieros.
Se trata de la tercera querella presentada por Toesca en esta causa, y en ella se agrega que el liquidador calificó la operación como un "financiamiento indirecto a través de una SpA y financiamiento puente", sin que conste evidencia de que los aportantes de los fondos públicos conocieran la operación al momento de otorgarse los créditos.
Además, la compra del 90 por ciento del FIPTS por parte de Inversiones Antumalal se pactó en 5.719.488 dólares, cerca de un tercio de los 15,5 millones de dólares pagados originalmente por la participación de Carlos Heller, mientras que los resultados de 2022, 2023 y septiembre de 2024 habrían estado influidos por utilidades no realizadas por M$59.794.936 acumulados.
En la misma línea, el escrito apunta específicamente a Pedro Pablo Larraín Mery por su rol de director ejecutivo y presidente de Sartor AGF, presidente de Sartor Finance Group y controlador de Asesorías e Inversiones Sartor S.A. e Inversiones Cerro El Plomo SpA.