Gobierno propone obligar a entidades de salud y educación a reportar migrantes irregulares
Involucra a Fonasa, Isapres, colegios, jardines, hospitales y consultorios, según la indicación ingresada al proyecto que perfecciona el procedimiento de expulsiones administrativas.
La idea del Ejecutivo es aprovechar todo tipo de contactos que extranjeros tengan con el Estado al ir en búsqueda de beneficios sociales, para identificarlos y proceder a expulsarlos.
Las instituciones aludidas deberán entregar a Migraciones y a Contraloría información como "el domicilio, teléfono, correo electrónico y demás datos pertinentes, respecto de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación".
Durante una sesión legislativa para revisar el proyecto de ley que perfecciona el procedimiento de expulsiones administrativas -actualmente en segundo trámite-, el Gobierno presentó una indicación que obliga a instituciones de salud, previsionales o de educación a informar a las autoridades sobre migrantes irregulares.
De acuerdo con La Segunda, la indicación fue ingresada por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez (UDI), la semana pasada, y reza: "Todo órgano de la Administración del Estado, institución u organismo previsional o de salud público o privado, o establecimiento de educación público o privado, estarán obligados a entregar a la autoridad administrativa migratoria y contralora los antecedentes que éstas requieran".
Dichos antecedentes incluyen "el domicilio, teléfono, correo electrónico y demás datos pertinentes, respecto de extranjeros que sean objeto de procedimientos migratorios en tramitación", agrega la norma que Pavez presentó junto al director de Migraciones, Frank Sauerbaum (RN), en la comisión de Gobierno del Senado.
Según el Ejecutivo, lo que se busca es aprovechar todo tipo de contactos que migrantes irregulares tengan con el Estado al ir en búsqueda de beneficios sociales, para identificarlos y proceder a expulsarlos.
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Fonasa, Isapres, colegios, jardines, hospitales y consultorios
De este modo, la obligación de informar sería para Fonasa, Isapres, AFP y colegios, además de recintos de salud como hospitales y consultorios; y jardines infantiles al ser el "primer nivel del sistema educativo", según confirmó el senador RN Andrés Longton.
"Esta información que pueden proveer estas instituciones es muy valiosa para recopilar datos: se puede detectar qué migrantes ilegales que no tienen RUT están ejerciendo alguna labor prohibida por la ley, sancionar con multas a los empleadores y migrantes y, lo más relevante: poder acelerar procesos de expulsión y disuadir de conductas que son ilícitas, pero que están normalizadas sin fiscalización", explicó el parlamentario al citado medio.
"Por otro lado, (esta normativa también sirve) para ver la saturación en el sistema de salud, que ya está atendiendo 553 mil migrantes que no ponen ni un peso al Estado, que se ve desbordado ante un abuso de éste", añadió, basándose en datos de 2024 sobre los extranjeros ingresados en el seguro público que no cotizan.
Respecto a cómo funcionaría la norma, Longton afirmó que las entidades deberán presentar la información "a requerimiento de la autoridad administrativa migratoria", es decir, el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig).
De todos modos, el texto de la indicación señala que la información estará "sujeta a reserva" y deberá utilizarse "exclusivamente para fines migratorios específicos", en conformidad con las normas sobre datos personales.