Suprema ratificó que Subsecretaría actuó de forma "arbitraria e ilegal" en cálculo de aranceles
La máxima instancia judicial validó la sentencia de la Corte de Apelaciones, que cuestionó la decisión de la instancia de Educación Superior, bajo la administración anterior, al modificar los criterios de financiamiento de la gratuidad.
La controversia, originada por cambios unilaterales en la metodología de cálculo de aranceles para 2025, no contó con el aval de la Comisión de Expertos ni con fundamentos técnicos suficientes.
La resolución obliga al Ministerio de Educación a recalcular los aranceles, restituyendo los criterios originales y generando un impacto fiscal de 39 mil millones de pesos.
La Corte Suprema confirmó en abril un fallo que tildó de "arbitraria e ilegal" la actuación de la Subsecretaría de Educación Superior, entonces encabezada por Víctor Orellana (FA), al modificar unilateralmente los criterios para el cálculo de los aranceles regulados.
Esta decisión judicial valida la sentencia previa de la Corte de Apelaciones de Santiago, que acogió un recurso de protección presentado en 2024 por el Instituto Profesional Santo Tomás.
Según detalló El Mercurio este domingo, la controversia se centró en cambios introducidos en la metodología de financiamiento que el Estado paga por alumno en gratuidad para el 2025.
La Corte de Apelaciones de Santiago concluyó que la subsecretaría incurrió en una actuación "arbitraria e ilegal", debido a que las modificaciones en los criterios -vinculados al tamaño de las instituciones técnico-profesionales- no habían sido observadas por la Comisión de Expertos para la Regulación de Aranceles (CERA) y carecían de fundamentos técnicos suficientes que justificaran su implementación.
El tribunal de alzada capitalino ordenó al Ministerio de Educación (Mineduc) corregir las resoluciones impugnadas y restablecer los criterios originales que figuraban en la resolución previa de febrero de 2024 de la subsecretaría.
Asimismo, instruyó recalcular los aranceles derivados de esos parámetros, lo que tiene un impacto económico significativo para el erario fiscal.
Impacto presupuestario
Según datos de la Subsecretaría de Educación Superior, la resolución de la Corte Suprema obliga a distribuir de manera retroactiva más de 19 mil millones de pesos correspondientes a 2025 y sumar cerca de 20 mil millones de la divisa nacional adicionales en 2026 para las mismas casas de estudio.
De este modo, el impacto total para ambos ejercicios alcanzaría aproximadamente los 39 mil millones de pesos, recursos que beneficiarían a 10 instituciones de enseñanza terciaria.
En la práctica, este fallo revierte una parte considerable del ajuste aplicado al presupuesto de gratuidad, tras una instrucción de Hacienda para recortar el gasto del Mineduc.

El Ministerio de Educación expresó su preocupación al medio antes citado, indicando que "los efectos presupuestarios de esta controversia eran previsibles desde la judicialización iniciada en 2024 (...), la administración anterior no dejó debidamente provisionados los recursos necesarios para enfrentar un eventual resultado adverso en tribunales".
Aunque los 39 mil millones de pesos fueron identificados como un riesgo fiscal, "no se encontraba cubierto mediante una provisión específica", lo que obligará a la cartera a "revisar la ejecución presupuestaria del año, identificar la disponibilidad de recursos y realizar las reasignaciones necesarias para dar cumplimiento al fallo" una vez se dicte la resolución del "cúmplase".
"El proceso adolecía de errores administrativos evidentes", dice rector
El rector nacional del IP-CFT Santo Tomás, Juan Pablo Guzmán, señaló que "el fallo de la Corte Suprema confirma que el proceso de cálculo de los aranceles adolecía de errores administrativos evidentes y que deben rectificarse, acogiendo los fundamentos del reclamo".
"Hemos manifestado en todas las instancias correspondientes que la regulación de aranceles es un asunto de alta complejidad e impacto, donde se requiere revisar y corregir tanto el marco normativo como el procedimiento e institucionalidad bajo los cuales se aplica", puntualizó a El Mercurio.