Trump implementa "mega audiencias" y ajustes a la "green card" para frenar al migrante ilegal y legal
A fin de lidiar con el atasco en las cortes de inmigración, su estrategia es que citen a cientos de extranjeros a la vez, lo que aceleraría el proceso y las deportaciones.
Además, obligará a los extranjeros regulares ya radicados en EE.UU. a que esperen fuera del país la revisión de su ajuste de estatus de la denominada "tarjeta verde".
Expertos alertan que, con las "mega audiencias" -que se efectuarían "al estilo de un aula escolar"-, se atropellan derechos como la garantía al debido proceso; mientras que la nueva regla de la "green card" impactaría negativamente al empleo estadounidense.
Los tribunales de inmigración en Estados Unidos han comenzado a implementar "mega audiencias", donde más de cien inmigrantes están citados simultáneamente para responder por sus procesos, una táctica sin precedentes que, según dijeron expertos a la agencia de noticias EFE, busca elevar el número de deportaciones.
La Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por su siglas en inglés) es uno de los grupos que ha dado la advertencia sobre la nueva estrategia de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) para lidiar con el atasco de las cortes de inmigración, que hasta marzo tenían 3,5 millones de casos pendientes.
Vanessa Dojaquez-Torres, asesora de Práctica y Políticas de AILA, explicó a EFE que generalmente se citan a 20-30 personas a la corte. Pero la introducción de los "mega calendarios" ha llevado a que ciertos tribunales programen que más de cien inmigrantes se presenten a la vez.
Entre los tribunales de inmigración que ya han iniciado estas audiencias están los de Los Ángeles, Chicago, Dallas, Indianápolis o Boston.
- [Lea también] Más de 6.200 niños han sido detenidos en centros para migrantes en EE.UU. en el último año
Expuestos a la deportación
Dojaquez-Torres expresa "serias preocupaciones" sobre estas "mega audiencias", ya que podrían estar "pasando por alto" las garantías del debido proceso.
En concreto, la abogada apunta a que estas audiencias masivas se están programando con tanta rapidez que los inmigrantes podrían no recibir la notificación y no asistir, lo que los expondría automáticamente a una deportación "en ausencia".
De todos modos, aquellos que cumplan con la cita aún estarían en riesgo de que no se les brinde una oportunidad justa: "Algunos jueces de inmigración están llevando a cabo estas audiencias 'al estilo de un aula escolar', dirigiéndose a 30 o 40 personas a la vez y pidiéndoles que levanten la mano para confirmar su 'comprensión'", sostiene Dojaquez-Torres.
Esta estrategia afectaría aún más a aquellos inmigrantes que carecen de representación legal. Además, aumenta la posibilidad de que muchas personas no reciban un intérprete adecuado y que no tengan oportunidad de exponer su caso correctamente.
"Las leyes de inmigración y los procesos judiciales ya son de por sí muy complejos; en este contexto, las personas pueden sentirse aún más intimidadas -o simplemente desconocer sus derechos- durante estas audiencias en las que el "proceso" parece diseñado para tramitar los casos de todos a la vez", opina Dojaquez-Torres.
A esto se suma que la mayoría de tribunales de inmigración no están diseñados para albergar audiencias de tal magnitud.
La meta es impedir que las personas defiendan sus casos, afirman
Las cortes de inmigración en EE.UU. dependen del Ejecutivo y no del sistema judicial, lo que ha permitido a la Administración del presidente Donald Trump despedir a más de cien jueces, apartando a quienes no se alineaban con las políticas de deportaciones masivas y reemplazándolos por personas dispuestas a ejecutar sus objetivos.
Paralelamente, el Gobierno eliminó los requisitos para acceder al cargo de juez de inmigración, lo que permite que abogados sin experiencia en derecho migratorio o en el sector público puedan ocupar estos puestos.
Priscilla Olivarez, abogada y asesora de la organización Immigrant Legal Resource Center, afirmó que la decisión de celebrar audiencias masivas, sumada al despido de jueces, evidencia que "el verdadero objetivo" de la Administración es impedir que las personas puedan defender sus casos.
Las "mega audiencias" se producen además después de que, en 2025, el Gobierno de Trump deportara a unas 442.000 personas (algunas organizaciones hablan de más de 600.000), cifra por debajo del objetivo de un millón de expulsiones al año que se marcó el republicano al retornar al poder.
Olivarez señaló que, en Texas, estas audiencias masivas ya comenzaron a implementarse. En Laredo se programó una con más de 70 personas y, en San Antonio, este martes se espera a cien inmigrantes citados en un solo día: 50 por la mañana y otras 50 por la tarde.
La preocupación es que estas audiencias masivas generen largas filas para ingresar a la sala o al edificio y que se "ordene la deportación de los individuos" sin que estos hayan tenido tiempo de presentarse.
La experta también expresó inquietud ante la posibilidad de que, junto con estas audiencias, el Gobierno envíe agentes a esperar fuera de las cortes para arrestar de inmediato a los migrantes, práctica controvertida que se aplicó durante meses en San Antonio y otras ciudades, pero que se había suspendido.
La otra regla de Trump: El migrante legal esperará la revisión de su "green card" fuera de EE.UU.
Por otro lado, la nueva regla del presidente Trump que obliga a solicitantes de la "green card" a regresar a sus países mientras esperan una decisión migratoria, supone un nuevo golpe a la migración legal y puede afectar a más de medio millón de personas al año, advierten especialistas consultados por EFE.
La norma, implementada desde la semana pasada, impedirá a los migrantes que ya están el país realizar su ajuste de estatus migratorio ("adjustment of status") en Estados Unidos, por lo que deberán volver a sus naciones de origen para solicitar la llamada "tarjeta verde" de residente en los consulados.
La medida, que rompe con una práctica aprobada por el Congreso desde 1952, "va a tener un impacto muy negativo en las vidas de verdaderamente millones de personas", expresó Daniel Costa, director de investigación sobre leyes y política de inmigración del Economic Policy Institute (EPI).
"Va a complicar las vidas de mucha gente, porque van a tener que salir de su trabajo. Si no pueden trabajar remoto en otro país, van a perder su trabajo, probablemente. Después de perder dinero, pueden estar separados de las familias por lo menos meses y, en muchos casos, tal vez la mayoría, por años", comentó.
Aunque no hay una cifra precisa de afectados por la medida, el investigador de EPI señaló que más de la mitad del millón de personas que cada año obtiene una "green card" lo hace mediante el ajuste de estatus dentro de Estados Unidos.
El 58% de los más de 1,35 millones de migrantes que obtuvieron la residencia legal en Estados Unidos en el año fiscal 2024, que alcanzó las 782.770 personas, lo hicieron así, según las últimas cifras oficiales disponibles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El mayor impacto será para migrantes con familia en Estados Unidos, alerta la AILA, pues la mitad de los nuevos residentes legales son parientes inmediatos de ciudadanos dentro de EE.UU.
La política también afectará a inmigrantes con empleos en Estados Unidos, trabajadores religiosos, beneficiarios de Estatus de Protección Temporal (TPS) o "parole" (permiso humanitario) y personas que han vivido mucho tiempo en el país, explicó Benjamin Johnson, director ejecutivo de AILA, en una charla virtual con periodistas.
Ofensiva no solo contra los irregulares, sino también los regulares
Además, el memorando emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS, en inglés) es "muy vago", pues no aclara todos los tipos de migrantes afectados ni las excepciones, por lo que no es posible saber esto con exactitud, acotó Shev Dalal-Dheini, directora de relaciones gubernamentales de AILA.
Pese a que el Gobierno ha dicho que esto solo requiere que los migrantes vuelvan a casa y soliciten la visa, Johnson tacha esto de "desinformación peligrosa".
"Esto no se trata de comprar un boleto de avión y esperar un poco más. Para mucha gente, el proceso consultar no es realista o seguro y, para otros, puede significar meses o años de separación de esposos que son ciudadanos de EE.UU, hijos, empleadores y comunidades", consideró.
Las medidas reflejan que en la Administración Trump no "solo están atacando la migración ilegal", según Costa, quien cree que "es muy claro que quieren rebajar la inmigración legal y están tomando medidas para hacerlo".
Como ejemplo, cita el freno al asilo en la frontera con México, la remoción de los beneficios de TPS, la pausa en refugiados salvo para inmigrantes blancos de Sudáfrica y la suspensión al procesamiento de visados de inmigrantes para 75 países, incluyendo Brasil, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Nicaragua y Uruguay.
Esto afectará a la economía, pues antes de la llegada de Trump casi uno de cada cinco trabajadores en Estados Unidos era inmigrante, citó el experto del EPI, quien estima que el país perdería seis millones de empleos, 40% de ellos de estadounidenses, si el presidente cumple su meta de realizar cuatro millones de deportaciones.
"Esto va a tener mucho impacto económico negativo para todo el país y, combinado con los impactos que estamos viendo de la guerra de Irán, esto es otra cosa muy problemática para la economía", apuntó Costa.