A un año de la condena a Cristina Fernández, peronismo mantiene que es perseguida política

En el primer aniversario de la ratificación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta argentina Cristina Fernández (2007-2015), el peronismo mantiene que su líder, que está en detención domiciliaria, es víctima de persecución política.

Fernández, condenada por irregularidades en la concesión de obras públicas, "fue víctima de una larguísima persecución que desembocó en una condena arbitraria, desprovista de pruebas y por supuestos hechos que ni siquiera estaban entre sus competencias, usando un argumento jurídicamente absurdo", escribió en la red social X Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires y principal aspirante del peronismo a competir contra Javier Milei en las elecciones de 2027.

En una entrevista posterior con Radio 10, Kicillof insistió en que el fallo es "profundamente injusto" y calificó de "payasada" la condena porque "el delito no existió".

Para el dirigente peronista, el objetivo fue "tratar de amedrentar y disciplinar a los que combaten con los sectores de poder".

"Cuando hay sectores del poder judicial que se dedican a perseguir a los dirigentes populares y no a impartir justicia, está en juego la capacidad y la discusión sobre la posibilidad de representar a los sectores populares y está también, por supuesto, en juego la democracia", añadió el gobernador.

Legisladores peronistas cuestionan condena

Por otro lado, un grupo de legisladores peronistas anunció la presentación de un documento ante la Corte Suprema de Justicia argentina para cuestionar la condena y las condiciones de detención de Fernández.

Organizaciones políticas y sociales convocaron para este miércoles actividades en distintos puntos de Argentina para reclamar la libertad de la exmandataria.

Aunque se prevé que sus seguidores se concentrarán este miércoles en distintas ciudades, el peronismo convocó para el 17 de junio, fecha en que se cumplirá un año de la implementación de su prisión domiciliaria, a una concentración en el Parque Lezama, en el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires.

La Corte Suprema argentina dejó en firme la condena el 10 de junio de 2025, al rechazar los recursos presentados por la defensa de la expresidenta.

Cristina Fernández fue hallada culpable de administración fraudulenta, en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, en la conocida 'causa Vialidad', durante sus dos mandatos presidenciales y el de su esposo y antecesor, Néstor Kirchner.