Comunidad haitiana acusa que se utiliza la búsqueda de niños para realizar control migratorio

La directora ejecutiva de la Fundación Cónclave Investigativo de las Ciencias Jurídicas y Sociales, Michel-Ange Joseph, admitió este lunes, en El Diario de Cooperativa, que existe una profunda inquietud respecto a que la búsqueda de los niños reportados como desaparecidos tras ingresar a Chile mediante vuelos chárter en 2025 bajo programas de reunificación familiar esté siendo utilizada como una fachada para ejecutar un control de identidad masivo y persecución penal contra la población adulta en situación irregular.

Al comienzo de una semana clave para el devenir del caso, a la espera del informe final de la Contraloría General de la República, la trabajadora social y activista haitiana reveló que las visitas domiciliarias de la fuerza de tarea han sembrado el pánico en los barrios, transformándose en una herramienta de presión migratoria indirecta que daña la convivencia y estigmatiza a las familias de su nacionalidad.

"Tenemos que hablar de miedo que se generó en las familias. Tenemos que decir que las personas están con terror. De hecho, no quieren salir sin sus documentos y cuando alguien toca su puerta tienen un miedo fuerte y piensan que están siendo víctimas como de acosos (...) Las personas hoy están con miedo, están con terror y se sienten perseguidas", dijo la también expresidenta del Consejo de la Sociedad Civil (Cosoc) del Servicio Nacional de Migraciones de Chile. 

"Las personas quisieran que el Estado ubique más tranquilamente a los niños en vez de utilizar el nombre de ellos para hacer este escándalo público diciendo que los niños desaparecieron, siendo que hasta el día de hoy no ha habido reporte de desaparición de niños ni en nuestra comunidad ni en nuestras organizaciones", señaló la líder social.

Enfatizó que "existe esta preocupación (por las expulsiones). De hecho, he recibido la llamada de varias personas controladas, me han escrito por Facebook que la autoridad aprovecha hacer control migratorio: solicita documentos regulares o de todas las personas que viven en la casa. Están pidiendo carnet y aprovechan esto. Las personas ya sabían que el Gobierno quería deportar a las personas en situación irregular y no estarían listos tampoco para ser deportadas, porque en Haití no existen las condiciones mínimas".

La justificación de los traslados grupales

Uno de los puntos centrales que detonó la alerta de los organismos fiscalizadores fue el registro de adultos que ingresaban al país en reiteradas ocasiones acompañando a nutridos grupos de menores haitianos.

Al respecto, la directora de la Fundación Cónclave aclaró que la precariedad del transporte y las restricciones de conectividad obligan a las familias a delegar el cuidado del viaje en terceros de confianza.

"Una de las cosas que tenemos que tener claro es que no existen vuelos comerciales sobre Chile y Haití y sobre Haití y ningún país de la región (...) Muchas familias no han podido desplazarse para ir a buscar los niños ya sea por fondo, por dinero o por otras razones, porque con el límite que tiene el pasaporte haitiano a nivel mundial tampoco podemos hacer conexión ni escala en casi ningún país de la región y las personas de la misma comunidad se coordinan de alguna manera, ellos se ponen de acuerdo para poder viajar", argumentó la líder social.

Añadió que, "si el Estado chileno encuentra que es irregular que una sola persona acompañe a varios, que lo detengan desde el mismo aeropuerto y hagan sus respectivas búsquedas. Eso es normal, está bien. No podemos decir que un Estado no haga investigación ni controle su frontera, pero el uso político que se dio a este asunto es realmente preocupante, porque las personas que acompañaban a menores de edad eran personas individuales y no toda la comunidad".

"El fallo institucional es 100% responsabilidad del Estado chileno"

Joseph también apuntó a las deficiencias administrativas del propio Estado chileno, recordando que el consulado en Puerto Príncipe lleva cerrado bastante tiempo, lo que entrampa severamente las legalizaciones y fomenta que redes informales lucren con la necesidad de reencuentro familiar en un contexto de grave crisis humanitaria en la isla.

"El fallo institucional es 100% responsabilidad del Estado chileno, de todas sus instituciones. Las personas individuales o los ciudadanos no tenemos la responsabilidad de regular lo que está irregular dentro de un mismo sistema. Y el procedimiento de reunificación familiar para las personas haitiana es uno de los procedimientos más engorrosos que existen", advirtió.