Robo de cobre desde infraestructura de comunicaciones provoca pérdidas de más de US$ 20 millones

El robo de cobre desde infraestructura de telecomunicaciones ha puesto en jaque la conectividad en Chile, donde en los últimos 18 meses se han registrado pérdidas que alcanzan los 20 millones de dólares, según datos entregados por la agrupación Chile Telcos.

El blanco principal de las bandas delictuales son las baterías de respaldo de las antenas de telefonía. A diferencia de las baterías de vehículos comunes, estos dispositivos pesan cerca de 20 kilos y tienen un valor comercial de aproximadamente 2 millones de pesos cada uno.

Su función es proveer energía independiente a las antenas para mantener activas las llamadas y el internet móvil ante cortes de suministro. Sin embargo, en el último año y medio se han sustraído 10.000 de estas baterías.

Este delito no solo representa un perjuicio económico para las empresas, sino que provoca la desconexión inmediata de comunidades enteras, siendo los sectores rurales y apartados los más afectados. En el mencionado período, se han registrado 1.500 incidentes delictivos relacionados con el robo de estos aparatos a lo largo del país.

"El robo es general. Primero, roban en los sitios donde hay instaladas antenas todo lo que es la cobertura externa: esto es cerco perimetral, gabinetes y cables. Pero (las bandas) principalmente roban baterías, que son la fuente de energización de las antenas de telecomunicaciones, y cuando este robo se produce en las baterías el efecto inmediato es provocar incomunicación", explicó Sergio Corvalán, director legal de Chile Telcos.

"Las empresas hacen los mejores esfuerzos para generar sistemas de redundancia, pero muchas veces esto es imposible de llevar adelante porque los sitios son sistemáticamente vandalizados. Las cifras a nivel nacional son del orden de los 20 millones de dólares", advirtió.

Instalación de mesa de seguridad

Ante la gravedad de la situación, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) ha liderado la instalación de una mesa de seguridad, con participación de las policías y el Ministerio Público.

"Es un tema que afecta la calidad de vida de las personas y es multifactorial. Necesitamos la coordinación desde la Subtel, los operadores de telecomunicaciones, Carabineros para investigar estos delitos, el Ministerio Público para su persecución y sanción, los ministerios de seguridad para apoyarnos en políticas públicas y las empresas de telecomunicaciones, que son las que finalmente se ven afectadas y que también son fiscalizadas cuando no reponen estos instrumentos de manera rápida y efectiva", indicó Romina Garrido, subsecretaria de Telecomunicaciones.

"Esta mesa busca darnos una visión específica desde los territorios para poder abordar esta región (Biobío), que es una de las tres regiones más afectadas por este delito en nuestro país", enfatizó la autoridad.

Alcalde de Hualqui: "El Estado no tiene la velocidad para abordar los temas"

El alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes, presidente de la Asociación de Municipios del Biobío, alertó que las "comunas más pequeñas han sido afectadas (por la situación), pero no en la proporción que ha sido una de las más grandes acá, Talcahuano, donde ha sido más afectada".

"Si bien estamos alerta y hemos conversado con la gran mayoría de los alcaldes para prepararnos por lo que está sucediendo y por lo que viene, lo que tenemos es un diagnóstico con respecto a cómo ha funcionado el Estado -no el Gobierno de turno, sino que el Estado- durante todo este tiempo, que lo encontramos que no tiene la velocidad ni tiene tampoco la cobertura necesaria para abordar los temas, porque ha ido creciendo cada vez más", sostuvo el jefe comunal.

Solo en lo que va de este año, las pérdidas ya suman 6 millones de dólares para las empresas de telecomunicaciones.