Académica alertó sobre "efecto inhibidor" en la prensa de la ley antifiltraciones

La abogada constitucionalista Claudia Sarmiento, académica de las universidades Alberto Hurtado y Adolfo Ibáñez, alertó en Cooperativa sobre los riesgos de un proyecto de ley impulsado por senadores que busca sancionar a quienes filtren antecedentes de causas judiciales reservadas.

La iniciativa -impulsada por Pedro Araya (PPD), Alfonso de Urresti (PS), Paulina Núñez (RN), Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y la exsenadora Luz Ebensperger (UDI)- se encuentra aún en su primer trámite, en la Cámara Alta, y advirtiendo amenazas para el ejercicio periodístico, sus críticos la han denominado"Ley Mordaza 2.0".

Sarmiento afirmó en Lo Que Queda del Día que el objetivo del proyecto puede considerarse "legítimo", pues las filtraciones de procesos judiciales a la prensa no necesariamente son "desinteresadas" y "pueden afectar la intimidad de las personas, afectar la presunción de inocencia" e incluso "la posibilidad del sistema de llegar a algún tipo de resultado: (por ejemplo) de alcanzar condenas".

En principio, explicó, "parece razonable" adoptar medidas para que los intervinientes en los procesos penales -abogados querellantes, defensores, fiscales- cumplan activamente su "deber de reserva", exponiéndose, en caso contrario, a sanciones, inhabilidades, reclusión y multas.

Sin embargo, "lo que viene a continuación es más complejo: ¿qué pasa con la prensa que recepciona aquella información? En una primera versión del proyecto, la redacción era mucho más ambigua" que lo que es hoy, en que "ha ido restringiéndose, pero aún no está totalmente depurado (el texto) de dificultades asociadas", detalló Sarmiento en Cooperativa.

"Que no se preste para abuso o arbitrariedad"

La académica apuntó que "en la Comisión de Constitución del Senado, que en general tiene discusiones bastante razonables y sensatas, ésta no es una cuestión que se haya omitido", de modo que está sobre la mesa el posible "efecto inhibidor del ejercicio de la libertad de expresión" en el periodismo.

"Dependiendo de cómo se resuelve el proyecto de ley, puede ser (que produzca) un efecto indeseado", apuntó la letrada, resaltando que "la máxima (actual) en el proceso penal es la publicidad" y que "la excepción debiera ser la reserva", motivo por el cual "es determinante tener un estatuto que dé el mayor rango posible de certeza jurídica, sin que se preste para situaciones de abuso o de arbitrariedad".

Puntualmente, "es importante distinguir quiénes son los que van a estar llamados a asumir las consecuencias de haber incumplido la reserva, que son principalmente los operadores del sistema penal".

Así, "no debiera suceder que esos deberes de reserva se traspasen al periodismo y se constituyan, por tanto, en una restricción impropia del ejercicio de la libertad de expresión", que ponga a los profesionales de la prensa en la disyuntiva entre "informar o (atender) el propio resguardo personal y patrimonial".

"En la medida que el proyecto pueda trazar esa línea con claridad, disminuyen sustantivamente los temores que pueden existir al respecto. Lo determinante va a estar en que los mecanismos a través de los cuales esto se genere no produzcan un efecto inhibitorio que tenga una cuantía asimilable, por ejemplo, a la censura previa. Ahí tenemos que ir marcando ciertas líneas rojas", remarcó la abogada.

"La función de fiscalización de los medios (respecto) de la actividad política es muy importante y no sólo para los medios, sino para quienes somos usuarios, receptores de los medios de comunicación; en último término, es determinante para el ejercicio de la democracia... La conexión que existe entre el ejercicio de la libertad de expresión y la calidad de nuestra democracia es una cuestión que no debemos soslayar", enfatizó la experta en Lo Que Queda del Día.