Megarreforma vive semana clave en el Congreso y en el Tribunal Constitucional
La Cámara de Diputados definirá este lunes el futuro del anatocismo, el olvido financiero y el pago a 30 días para las pymes.
El timonel de la UDI llamó al TC a mirar más allá de las leyes y ver el contexto, declaraciones que tuvieron un fuerte rechazo en la oposición.
La megarreforma vive una semana clave: tanto el Congreso como el Tribunal Constitucional revisarán diversas indicaciones y aspectos de la iniciativa que ya fue aprobada por los parlamentarios.
La Cámara de Diputados definirá la tarde de este lunes la prohibición del anatocismo (el cobro de intereses sobre intereses); el derecho al olvido financiero, y el pago a 30 días para las Pymes, instancia en la que se prevé que el Gobierno logre su propósito.
Posteriormente, entre mañana y el miércoles, se verán estos mismos aspectos en el Senado.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, comentó que "son vetos supresorios, son iniciativas que suenan bien pero hacen más mal que bien, así es que esperamos que quede resuelto prontamente".
"Este equipo (ante el TC) lo lidera Arturo Fermandois, pero está acompañado de muchos profesionales de primer nivel, que están trabajando en distintas áreas y tenemos los argumentos. Estimamos que las normas que se han aprobado son absolutamente coherentes con nuestro orden jurídico y económico y con la constitución y las leyes, así que estamos muy tranquilos", recalcó.
Debate sobre rol del TC
El Tribunal Constitucional deberá dar a conocer, en los próximos días, su postura sobre la invariabilidad tributaria y el seguro a inversiones privadas que incumplan la legislación ambiental.
Ante esta situación, el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, espera "que el Tribunal Constitucional no solamente mire la Constitución y la ley, sino que también mire la historia reciente de Chile. Nosotros llevamos más de 50 años con invariabilidad tributaria, que es un mecanismo que se usa en otros lugares del mundo".
"Esta es una medida extraordinariamente importante para la reactivación económica, y declararla inconstitucional no solamente sería un problema jurídico, porque no es inconstitucional, sino que podría generar un problema en el desarrollo económico de Chile en el futuro", recalcó.
Estas palabras fueron cuestionadas por el diputado Patricio Pinilla (DC), quien destacó que "las declaraciones del presidente de la UDI son simplemente impresentables. Lo que el Tribunal Constitucional debe hacer es fallar conforme a derecho".
El diputado Jaime Bassa (FA) manifestó que "el rol del Tribunal Constitucional es controlar la constitucionalidad de la ley y eso significa que su control, su examen, tiene que ser jurídico".
"No corresponde presionar al Tribunal Constitucional políticamente para que considere factores distintos de aquellos en virtud de los cuales se construye el control de constitucionalidad de la ley", añadió.
Por su parte, el diputado Raúl Leiva (PS) insistió en que "este tipo de invariabilidad nunca ha sido analizada desde el punto de vista constitucional y en segundo lugar, dista mucho del sabido decreto de ley 600, que se aplicaba solo a inversión extranjera y solo a ciertas áreas de la economía, a diferencia del proyecto aprobado y que es objeto de requerimiento ante el Tribunal Constitucional".