¿Por qué el expresidente de Azul Azul Michael Clark quedó en prisión preventiva?
La jueza Paulina Moya apuntó a la gravedad de los delitos imputados, la elevada pena probable y antecedentes que vinculan al expresidente de Azul Azul con una eventual eliminación de evidencia.
El expresidente de Azul Azul Michael Clark Varela quedó en prisión preventiva en el marco del caso Sartor luego de que el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago estimara que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y, además, para el éxito de la investigación.
La decisión fue fundamentada por la jueza Paulina Moya durante la audiencia de formalización.
Uno de los principales argumentos del tribunal fue que la participación atribuida provisionalmente a Clark abarca diversos capítulos y figuras penales con una pena probable particularmente elevada.
El exdirector de Sartor AGF fue formalizado por administración desleal, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, lavado de activos y fraude por omisión de Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA), mientras que el tribunal no alcanzó el estándar para tener por acreditado en esta etapa el delito de contrato simulado.
¿Qué antecedentes consideró la jueza sobre una eventual eliminación de evidencia?
La magistrada dio especial relevancia a antecedentes obtenidos desde conversaciones recuperadas del coimputado Hugo Baranda. De acuerdo con la resolución, estos permitieron establecer provisionalmente que Clark habría impartido instrucciones para borrar conversaciones de WhatsApp, tanto grupales como individuales, y activar la función de mensajes temporales.
A ello se agregó el análisis del teléfono personal incautado al expresidente de Azul Azul, en el que no existían mensajes anteriores a marzo de 2026. Moya sostuvo que este antecedente resultaba concordante, en esta fase del proceso, con una posible eliminación de información correspondiente al periodo investigado y que permitía presumir provisionalmente actuaciones destinadas a suprimir evidencia.
Para el tribunal, esos antecedentes aumentan el riesgo respecto de evidencia que todavía no ha sido asegurada y de personas que continúan entregando información a la investigación. Por esa razón, la situación de Clark fue considerada especialmente delicada desde el punto de vista del éxito de las diligencias pendientes.
La gravedad de los delitos y la pena probable
Paulina Moya también explicó que los hechos investigados presentan una "gravedad particular y tremendamente intensa", debido a que afectan la confianza que sustenta la administración profesional de recursos de terceros. Según expuso, los aportantes entregan sus recursos a administradores especializados precisamente porque no pueden fiscalizar personalmente cada crédito, pagaré, deudor o sociedad relacionada.
En cuanto a la eventual condena, la jueza sostuvo que la pena probable alcanza el rango de crimen incluso bajo la legislación anterior a la entrada en vigencia de la Ley 21.595 de Delitos Económicos. A ello se suman la reiteración atribuida a la administración desleal, la pluralidad de delitos investigados y la posible aplicación del régimen especial para delitos económicos.
La defensa de Clark hizo valer su arraigo, su comparecencia al procedimiento y la entrega de su pasaporte. Sin embargo, Moya concluyó que estos antecedentes no eran suficientes para neutralizar las necesidades de cautela determinadas por el tribunal.
"Su libertad constituye, en consecuencia, un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación", sostuvo la jueza antes de decretar la prisión preventiva de Michael Clark.