Proyecto "No más ruidos" busca clausurar recintos que alteren la convivencia vecinal
La iniciativa transversal permite a los municipios solicitar a los Juzgados de Policía Local el cierre temporal de inmuebles que acumulen infracciones.
La clausura podría extenderse hasta 180 días en casos vinculados con delitos, armas, riesgo para terceros o reincidencia.
El proyecto faculta a las casas comunales a pedir a la Justicia el cierre de estos recintos si es que tiene, dentro de un período de tres meses, tres o más infracciones contra la materia.
Diputados desde el Frente Amplio hasta la UDI presentaron el proyecto de ley "No más ruidos", que entrega facultades a los municipios para solicitar a los Juzgados de Policía Local la clausura temporal, total o parcial, de recintos que sean foco de incivilidades, ruidos molestos, comercio ilegal u otros hechos graves contra la convivencia vecinal.
La iniciativa surge a partir de casos como el ocurrido en la comuna de Independencia, donde un inmueble clausurado en 2024 debido a reiteradas denuncias por problemas de convivencia fue reabierto por orden de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Dicha reapertura se produjo porque el local contaba con una patente municipal vigente.
"Este es justamente el problema del que nos queremos hacer cargo con este proyecto de ley", afirmó el diputado PS César Valenzuela, quien impulsa la iniciativa junto con sus pares Álvaro Ortiz (DC), Andrea Parra (PPD), Mario Olavarría (UDI) y Carolina Tello (FA).
El parlamentario señaló que existen inmuebles que "sirven de base para situaciones que afectan gravemente la convivencia vecinal" y apuntó especialmente a departamentos utilizados para fiestas clandestinas "o verdaderas discotecas", que impiden a los vecinos descansar en los horarios correspondientes.
Valenzuela sostuvo que, frente a estas situaciones, "la única alternativa que tienen los municipios es la fiscalización que se traduce en partes, que en la mayoría de las oportunidades no son pagados, no se logran notificar a las personas y finalmente se transforman en sanciones simbólicas".
Tres infracciones permitirán solicitar la clausura
La iniciativa establece que un recinto podrá ser clausurado si acumula tres o más infracciones durante un período de tres meses por incumplimientos de ordenanzas relacionadas con convivencia vecinal, seguridad pública, salubridad, alcoholes o uso de bienes nacionales de uso público.
También deberá acreditarse que los hechos afectaron gravemente la tranquilidad, la seguridad o la salubridad del entorno.
La propuesta se suma a otras medidas aplicadas para enfrentar las incivilidades en Independencia, entre ellas el plan "Incivilidad cero", que contempla multas y restricciones temporales para acceder a beneficios municipales.
Clausuras de hasta 180 días
La clausura deberá ser ordenada mediante una resolución judicial, por lo que la medida no dependerá únicamente de una decisión administrativa del municipio.
El cierre podrá extenderse entre 15 y 90 días. Sin embargo, podrá alcanzar los 180 días si el inmueble es utilizado para cometer delitos contemplados en la Ley de Drogas, existe un riesgo grave para terceros, hay reincidencia o se detectan armas, municiones o elementos incendiarios en su interior.
Actualmente, quienes enfrentan problemas persistentes por ruidos molestos en condominios pueden recurrir al reglamento interno de la comunidad y, si la situación continúa, presentar una denuncia ante el Juzgado de Policía Local.
"No es necesario hacer cambios constitucionales para abordar muchas veces las dificultades"
La diputada PPD Andrea Parra sostuvo que "este proyecto demuestra que no es necesario hacer cambios constitucionales para abordar muchas veces las dificultades que existen entre los vecinos".
"Esas herramientas eficientes las busca entregar este proyecto, que le permite a los municipios poder hacer los cierres temporales o totales, como una manera efectiva de tratar las incivilidades y mejorar la calidad de vida de vecinos y vecinas", sostuvo.
Su par de la UDI Mario Olavarría agregó que la iniciativa es "una muy buena respuesta a un problema que existe en nuestras comunas"; mientras que el diputado Ortiz (DC) expresó que "con esto ratificamos que los municipios siguen siendo la primera prestadora de servicios que tiene un habitante en su territorio".