Cadem: 58% rechaza el estado de excepción sin contrapesos propuesto por el Gobierno

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Autor: Cooperativa.cl

De acuerdo con la medición, un 51% cree que no es necesario reformar la Constitución para combatir a las bandas criminales, inclinándose por usar el marco vigente.

Las medidas con menor apoyo son limitar la libertad de reunión (27%), restringir el tránsito (40%) y la interceptación de comunicaciones privadas (46%).

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Casi seis de cada 10 ciudadanos está en desacuerdo con la controvertida propuesta que permitiría al Presidente de la República decretar un nuevo estado de excepción de seguridad pública por hasta 240 días sin contar con la autorización previa del Congreso, según la última encuesta Plaza Pública de Cadem.

El sondeo publicado este jueves refleja los duros cuestionamientos transversales que ha enfrentado la iniciativa del Ejecutivo en el Parlamento, donde el oficialismo, la oposición y analistas constitucionales han exigido reducir las atribuciones presidenciales e introducir salvaguardas de control democrático.

En este contexto, solo un 37% de los entrevistados por Cadem dijo que está de acuerdo con un nuevo estado de excepción por hasta ocho meses sin control parlamentario, mientras un 58% se mostró en desacuerdo.

Sin embargo, el apoyo a la creación de este nuevo estado de excepción aumenta al 52% si su aplicación exigiera aprobación al Congreso.

El estudio reveló un alto nivel de conocimiento sobre el proyecto, impulsado en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT): "El 85% supo que el Presidente Kast ingresó al Congreso una reforma constitucional que busca ampliar las herramientas del Estado contra el crimen organizado".

En este contexto, "50% se muestra de acuerdo con la iniciativa y 39% está en desacuerdo. Entre los identificados con la derecha el acuerdo llega a 78%, en el centro a 58%, mientras en la izquierda el 71% está en desacuerdo", señaló Cadem.

Debate sobre la necesidad de cambios constitucionales

A pesar del apoyo general que recibe la agenda de seguridad, la opinión pública se mantiene dividida respecto a si se requiere modificar la Carta Magna para enfrentar a las bandas criminales.

"El 51% cree que no es necesario hacer una reforma a la Constitución, porque el Estado ya tiene las herramientas suficientes. En cambio, 43% opina lo contrario", de acuerdo con la encuestadora.

Esta brecha coincide con los planteamientos de diversos especialistas del ámbito legal y legislativo, quienes han advertido que el combate a la delincuencia requiere priorizar la gestión pública y la aplicación de la legislación vigente por sobre modificaciones constitucionales.

Respaldo diferenciado a las medidas de excepción

En cuanto a las atribuciones operativas contempladas en la propuesta de excepcionalidad, los sondeados apoyan las intervenciones patrimoniales y policiales, pero rechazan las restricciones a los derechos ciudadanos individuales:.

"Las medidas del nuevo Estado de Excepción que mayor respaldo concitan son requisar bienes asociados a bandas de crimen organizado o terroristas (88%) y permitir que las Fuerzas Armadas apoyen a Carabineros (78%). En cambio, las que menos apoyo reciben son la interceptación de comunicaciones (46%), restringir temporalmente la libertad de tránsito (40%) y limitar la libertad de reunión (27%)", puntualizó Cadem.

Apoyo a sanciones reforzadas y evaluación presidencial

Respecto a los castigos y limitaciones para los condenados por crimen organizado o terrorismo, el estudio mostró un amplio consenso social en la mayoría de los ejes presentados.

"(Un) 89% está de acuerdo con que personas condenadas por delitos de crimen organizado queden inhabilitadas permanentemente para ejercer funciones o cargos públicos, 81% con incorporar la seguridad pública como deber del Estado, 80% con que personas condenadas por delitos de crimen organizado tengan restricciones por 15 años para acceder a penas sustitutivas, 74% con establecer un régimen penitenciario especial para personas condenadas y 72% con la creación de un registro de organizaciones criminales", profundizó la consultora.

Además, añadió que "66% está de acuerdo con las inhabilidades o restricciones a prestaciones en pensiones, 58% con las inhabilidades o restricciones en educación y 54% con las inhabilidades y restricciones en salud".

Asimismo, "el 53% está de acuerdo con que el Presidente tenga la facultad de declarar a una agrupación como una organización terrorista o de crimen organizado previo informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional y con aprobación del Senado".

En la evaluación sobre el equilibrio de libertades públicas, Cadem detalló que "el 45% considera que se debe buscar un equilibrio entre seguridad y libertad, 35% piensa que es necesario priorizar la seguridad, aunque implique restringir algunas libertades, y 17% cree que las libertades de las personas deben protegerse incluso si eso limita las herramientas disponibles para enfrentar la delincuencia".

La encuesta se realizó entre el martes 18 y el miércoles 19 de agosto, a través de la plataforma Cadem Online, a 1.003 hombres y mujeres de 18 años o más de todo el país.