Contraloría detectó pagos de subsidios de arriendo a fallecidos y parientes
Se trata de 168 beneficiarios del programa “Integración Urbana de Campamentos”, administrado financieramente por el Minvu y ejecutado por los Serviu a nivel nacional.
La cartera que dirige Iván Poduje instruyó un sumario administrativo atribuyendo los hechos a la gestión previa y ordenó acciones judiciales para restituir los recursos.
El informe del ente fiscalizador constató aportes estatales a 168 personas difuntas y 191 contratos entre familiares o cónyuges.
Una auditoría financiera al Programa de Integración Urbana de Campamentos —administrado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y ejecutado por la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo junto a los Serviu regionales— reveló severas anomalías en la asignación y pago de subsidios de arriendo entre el 1 de enero de 2025 y el 29 de marzo de 2026.
De acuerdo con el Informe N° 314 de 2026 emitido por el organismo fiscalizador, el programa —que cuenta con financiamiento parcial mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por 120 millones de dólares— registró desembolsos a personas fallecidas, arrendamientos entre familiares directos y doble beneficio habitacional.
Entre los principales hallazgos del informe se estableció que "168 beneficiarios del subsidio se encontraban fallecidos", advirtiéndose además que "la Subsecretaría de Vivienda demoró hasta 1.133 días en regularizar los contratos asociados a estos casos, situación que generó un perjuicio fiscal estimado en $110.884.553".
Asimismo, el documento consignó infracciones directas a las normas del beneficio al detectarse vínculos de parentesco entre arrendadores y arrendatarios: "172 beneficiarios arrendaban viviendas a familiares cercanos, incumpliendo las restricciones de consanguinidad y afinidad establecidas en las bases del beneficio. Los montos asociados a estos casos alcanzan los $110.487.033".
Además, "19 beneficiarios mantenían contratos de arriendo con sus propios cónyuges, una situación incompatible con los requisitos del programa. Los pagos efectuados en estos casos totalizan $14.405.016".
En paralelo, la auditoría comprobó que "dos personas continuaron percibiendo subsidios de arriendo pese a haber sido beneficiadas previamente con una vivienda durante 2024", lo que representó desembolsos indebidos por 3.539.119 pesos.
Instrucciones del ente fiscalizador
Ante las anomalías comprobadas, el organismo de control dispuso medidas inmediatas para subsanar la rendición de los fondos internacionales y determinar las culpas administrativas correspondientes.
Según precisó el reporte, la Contraloría "instruyó a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo regularizar ante el BID la totalidad de los gastos asociados a beneficiarios que no cumplían con las condiciones exigidas para acceder al subsidio".
De igual forma, el documento concluyó señalando que la entidad del Ejecutivo "deberá concluir el procedimiento disciplinario iniciado para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de funcionarios involucrados en las irregularidades detectadas por la auditoría".
🔴 INFORME DE AUDITORÍA | Irregularidades en subsidios de arriendo del MINVU.
— Contraloría (@Contraloriacl) August 24, 2026
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La respuesta del Minvu: sumario administrativo y atribución de responsabilidades
Tras la difusión del informe de la CGR, desde el Minvu precisaron que "los hechos observados corresponden a la administración anterior, durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric".
La cartera que dirige el ministro Iván Poduje indicó que "una vez conocido el informe final de Contraloría, en julio de 2026, y mediante la Resolución Exenta N° 1.051, la actual Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo instruyó iniciar un sumario administrativo para determinar las eventuales responsabilidades derivadas de los hechos observados y adoptar las medidas que correspondan".
La autoridad instruyó "a todos los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu) adoptar las acciones necesarias para recuperar los recursos públicos asociados a los pagos irregulares".
"Las irregularidades detectadas deben ser investigadas, se deben establecer las responsabilidades que correspondan y adoptar todas las acciones necesarias para recuperar los recursos pagados indebidamente", enfatizó el Minvu.
La semana pasada, el ministro Poduje confirmó que el programa de "Arriendo a Precio Justo", impulsado por la Administración Boric, no continuará, argumentando que no va en el enfoque del actual Gobierno, que busca que las personas sean propietarias y no arrendatarias.