Gobierno ingresa proyecto que fortalece medidas cautelares contra agresores de mujeres

El Gobierno anunció este miércoles el ingreso a la Cámara de Diputadas y Diputados de un proyecto de ley denominado "Cautelares Reforzadas", que busca fortalecer las medidas que tribunales fijan a imputados por casos de violencia intrafamiliar y violencia contra las mujeres.

Mediante la modificación de diversas leyes y del Código Procesal Penal, la iniciativa además pretende incorporar nuevas herramientas para asegurar la continuidad, supervisión y cumplimiento efectivo de las resoluciones judiciales.

"Este proyecto propone establecer mayores consecuencias para quienes incumplan las medidas cautelares o malutilicen y destruyan un dispositivo de monitoreo telemático. Además, amplía las facultades de seguridad municipal para colaborar en la fiscalización de estas resoluciones, porque necesitamos avanzar hacia una protección continua y efectiva para las mujeres víctimas de violencia", subrayó la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín.

A su turno, el titular de Justicia, Fernando Rabat, afirmó que la propuesta "también se hace cargo de una realidad que lamentablemente está cada vez más presente: la agresión digital. Debemos ponerle coto, incorporando una nueva medida cautelar para proteger a aquellas mujeres que son víctimas de este tipo de agresiones, que tienen consecuencias psicológicas y que, en algunos casos, pueden derivar también en violencia física".

Cinco ejes para fortalecer las medidas

• Protección continua entre tribunales

La idea es evitar vacíos en el resguardo cuando una causa pasa de un Tribunal de Familia a un Juzgado de Garantía por la existencia de antecedentes constitutivos de delito dado que, en ese tránsito, pueden surgir dudas sobre qué instancia debe mantener o supervisar las cautelares, aun cuando la víctima continúa en una situación de riesgo.

Por tanto, el proyecto plantea reglas para mantener la supervisión judicial mientras se resuelven los conflictos de competencia, y mandata un protocolo de coordinación entre la justicia de familia y penal, con el fin de dar continuidad a la protección de la denunciante, y claridad sobre las responsabilidades de cada instancia.

• Nueva cautelar de prohibición del hostigamiento digital

El proyecto advierte que, en la actualidad, la prohibición de acercamiento físico no siempre impide que una víctima permanezca expuesta a mensajes, amenazas o acoso a través de plataformas digitales.

Tal como indicó el ministro Rabat, la iniciativa crea una medida cautelar que permita prohibir estas conductas contra la víctima, sus hijos o hijas a través de cualquier medio, incluidos los espacios digitales. Además, establece que la judicatura deberá pronunciarse sobre medidas de resguardo para menores de edad cuando corresponda.

• Más fiscalización en el monitoreo de cautelares

Incorpora herramientas para reforzar la fiscalización en terreno y el monitoreo telemático frente a eventuales incumplimientos: por ejemplo, facultando a los inspectores de seguridad municipal para colaborar en esta labor.

El Gobierno también busca establecer consecuencias cuando una persona escapa o inutiliza intencionalmente el dispositivo de monitoreo, y que sea obligatorio informar a Gendarmería sobre resoluciones relacionadas con esta herramienta.

• Eventual prisión preventiva por incumplimientos

En el caso de que un imputado incumpla una resolución destinada a proteger a la víctima, como una prohibición de acercamiento o contacto, el proyecto plantea modificar el Código Procesal Penal con el fin de que la judicatura pondere tales faltas al evaluar la procedencia de la prisión preventiva.

• Juez preferente en casos de VIF

Finalmente, el Ejecutivo busca que, en los tribunales integrados por más de tres jueces, se designe a uno para conocer preferentemente las causas de violencia intrafamiliar, con el objetivo de favorecer una tramitación más especializada y dar continuidad a su revisión.