¿Autoritaria? El debate que persiste sobre la reforma constitucional del Gobierno

Esta semana se retoma en el Congreso Nacional el debate de la reforma constitucional presentada por el Gobierno que busca incluir ciertas materias vinculadas a la seguridad pública en la carta fundamental, lo que revive la discusión acerca de algunas de sus disposiciones calificadas como "iliberales" o derechamente "autoritarias" por la oposición e incluso ciertos sectores del oficialismo.

Las principales críticas apuntan a la creación de un nuevo estado de excepción constitucional que permitiría que el Presidente de la República decrete restricción de libertades en ciertos sectores acotados del país por hasta 240 días sin necesidad de consultar al Parlamento.

De cara a esta nueva etapa de la tramitación, luego de la semana distrital, los panelistas del El Primer Café enfatizaron sus diferencias respecto de bajo qué perspectiva debe enfrentarse esta reforma, luego de la entrevista del Presidente José Antonio Kast en Cooperativa, oportunidad en la que calificó al nuevo estado de excepción propuesto como algo que "no es renunciable".

Frente a ello, Luis Ruz, presidente del directorio del centro de pensamiento Democracia y Comunidad, apuntó que "la entrevista al Presidente en este punto en particular refleja el talante de lo que ha sido el Gobierno: de buenas maneras, pero con una forma muy estructurada y cerrada respecto de cómo llevar la deliberación pública, y en particular en estos temas que son súper debatibles y son importantes para el funcionamiento de nuestro país, de nuestra democracia".

"Creo que el Presidente equivoca precisamente la manera, porque si más allá inclusive de la oposición, hay voces de su propio sector con argumentos variados, que dicen que este tipo de propuesta en la agenda de seguridad -precisamente el estado de excepción como se ha planteado por parte del Gobierno- es un error tanto en la forma como en el fondo, y el Presidente insiste, creo que ahí hay una dificultad", añadió el también vicepresidente nacional de la Democracia Cristiana.

"Hay un riesgo de lo que significan posiciones donde el Ejecutivo incorpora una capacidad de atribuciones que, si esto se llegara a aprobar, es lo que todos hemos alertado. Cómo iniciamos un camino hacia posiciones sin contrapeso, que son cuestiones fundamentales dentro del funcionamiento de cualquier democracia", sentenció.

Pezoa: El Presidente nunca ha dado una señal de postura iliberal

Frente a esta opinión crítica de lo que pretende el Ejecutivo, Álvaro Pezoa, presidente de Ideas Republicanas, afirmó que "el Gobierno tiene claridad en la rapidez con que tienen que ser presentados todos estos proyectos para que realmente se pueda avanzar. Vemos que el flagelo que se quiere combatir va produciendo muertes y heridos todas las semanas. Tiene la convicción el Gobierno de que no se puede seguir haciendo mucho más de lo mismo, porque mucho más de lo mismo está fallando, fracasando, y que se necesitan herramientas jurídicas y administrativas distintas para poder avanzar".

"En ese sentido se entiende este estado de excepción que ha tenido, por supuesto, bastantes rechazos en la oposición y también algunas posiciones divergentes dentro de la misma coalición de partidos que apoyan al Presidente. Y yo creo que el Presidente y el ministro en esto van a ser muy prácticos, porque no creo que haya ninguna intención de establecer un gobierno autoritario ni iliberal", añadió.

Y para sostener este punto Pezoa afirmó que "el Presidente en su entera vida política no ha dado nunca una señal de una postura iliberal. Sencillamente hay un deseo de tener poderes para combatir el crimen organizado que ha sido encontrado excesivo. Yo también encuentro que tiene sus riesgos, porque una herramienta que puede usar uno en el Gobierno, tiene que pensar que la va a usar otro en otro gobierno".

Solari: No he escuchado a nadie que la defienda

El presidente del directorio del Instituto Igualdad, Ricardo Solari, apuntó a la reforma que "algunos podrán discutir en su mérito y estarán en la dirección de que fortalecen las instituciones de la seguridad, que pueden darle fuerza a la lucha contra el crimen organizado, básicamente desarmar redes. Pero luego se incorpora una operación de sentido estrictamente político, se presenta una reforma constitucional con un tejo totalmente pasado que genera un tipo de reacción como la que ha tenido".

"No he escuchado a nadie que la defienda, que defienda la existencia de un régimen excepcional con intercepción de las comunicaciones y donde esto no sea consultado con otro poder del Estado. Entonces, creo que ese tono general de 'vamos viendo', de que 'bueno, vamos a conversar', se contradice con esta lógica de esta emergencia de tener una institucionalidad del Estado más fuerte para la seguridad, de tener estrategias más adecuadas para enfrentar el crimen organizado, de tener una capacidad de golpear la estructura de la criminalidad, de cómo fortalecemos el sistema penitenciario", enfatizó.

"La nitidez de que hay un plan, un enfoque, una visión detrás del Gobierno, se me contradice cuando hay presentaciones como la de esa reforma constitucional que era muy difícil de imaginar, o no sé quién habría imaginado que esto podía alcanzar los quórums que requieren en el Senado. Y por último, todo esto deja muy por detrás los otros grandes temas en esta materia que tenemos que discutir en el país", expuso Solari.

Ubilla: Se necesitan razones fundadas para tocar la Constitución

Rodrigo Ubilla, director del área política de Libertad y Desarrollo, cuestionó que el nuevo estado de excepción sea el gran obstáculo en esta discusión: "Yo diría que no sé si hay un nudo. Yo lo que veo es el ánimo de que se produzca ese espacio de diálogo. Creo que ese espacio de diálogo tiene que ayudar a reflexionar en primer lugar sobre qué materias son propias de una reforma constitucional. Me refiero al tema de la seguridad, de los ocho o nueve puntos que presentó el Presidente en su propuesta de reforma. Hacer esa reflexión: qué es lo propio de una reforma, qué puede ser resuelto en espacios distintos, una ley orgánica o un instrumento normativo distinto a la Constitución".

"Respecto de los límites, creo que la discusión ha estado clara en términos de estos límites que un estado de excepción, por ejemplo, usando el ejemplo de lo que decía la presidenta del Senado, pueden ser razonables frente a una cosa tan compleja como es el crimen organizado", agregó.

"Sí creo, y adelanto una opinión en términos de lo que hemos dicho aquí en Libertad y Desarrollo, que el crimen organizado es un tema que amerita ser reflexionado en esta lógica. Es decir, uno no se opone a algo por una cosa de que no debe tocarse la Constitución; se debe tocar siempre y cuando existan razones fundadas frente a un 'enemigo', que es el crimen organizado, que justifique que esté ese espacio en la Constitución. En mi opinión, hay más espacios asociados a modificaciones legales que sí son necesarias", argumentó el exsubsecretario del Interior.