Gobierno rebajó urgencia a reforma constitucional en seguridad ante resistencia en el Congreso
La medida amplió los plazos de debate de 15 a 30 días por cámara tras advertir reparos en el Senado.
En paralelo, se redistribuyeron las prioridades legislativas del resto de la agenda de orden público.
Entre los textos priorizados destacan los proyectos contra encapuchados y de control de barricadas.
El Gobierno concretó este lunes un reordenamiento de las urgencias legislativas para los proyectos que integran la agenda de seguridad en el Congreso.
La determinación del Ejecutivo responde, entre otros factores, a los reparos surgidos en torno a su propuesta de reforma constitucional en el área, cuya velocidad de tramitación fue disminuida para facilitar un debate más pausado entre los parlamentarios.
Freno a la reforma constitucional y ajustes en los plazos
La reforma constitucional en materia de seguridad, que había sido ingresada al Senado bajo la calificación de suma urgencia -la cual fija un margen de 15 días para su despacho en cada cámara-, pasó a registrar urgencia simple.
Con este ajuste formal, cada corporación dispondrá de un plazo de hasta 30 días para su análisis reglamentario.
Este cambio de ritmo legislativo sitúa a la modificación constitucional dentro de un grupo acotado de tres iniciativas que actualmente se encuentran radicadas bajo el régimen de urgencia simple en la sede legislativa.
Máxima prioridad para diez proyectos de control de orden público
En contrapartida, el Ejecutivo renovó o aplicó calificación de discusión inmediata a un paquete de 10 proyectos que ya forman parte del trabajo parlamentario, fijando un plazo de tramitación de apenas seis días.
Dentro de este bloque de máxima prioridad destacan el proyecto de ley antiencapuchados y la iniciativa denominada antibarricadas 2.0.
Medidas en suma urgencia: RUF e infraestructura crítica
El cronograma legislativo contempla además otros 10 proyectos calificados con suma urgencia, los cuales disponen de 15 días para su revisión.
En este segmento se encuentran normativas de alto impacto público, tales como la regulación de las Reglas para el Uso de la Fuerza (RUF), la protección de la infraestructura crítica del país y las modificaciones a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.