Senadores Longton y Squella proponen indicaciones para destrabar la reforma de seguridad

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Redacción Cooperativa

La fórmula elimina el nuevo estado de excepción, retira facultades de interceptación y equipara el crimen organizado con el terrorismo.

El texto de Longton y Squella incorpora una nueva causal al estado de emergencia y busca facilitar un acuerdo con la oposición.

 ATON (archivo)

El Gobierno necesita 29 votos para aprobar la idea de legislar, por lo que requiere el respaldo de al menos cuatro senadores de oposición.

Los senadores oficialistas Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Partido Republicano) elaboraron una propuesta con siete modificaciones al proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad presentado por el Gobierno, cuya discusión en la Comisión de Constitución está prevista para comienzos de octubre.

Según informó La Tercera, la fórmula preliminar busca equiparar el crimen organizado con el terrorismo, estableciendo que ambos son contrarios a los derechos humanos y extendiendo a las organizaciones criminales las inhabilidades contempladas para las conductas terroristas.

Sin un nuevo estado de excepción

Los parlamentarios también proponen eliminar la creación de un quinto estado de excepción constitucional. En su lugar, incorporarían al actual estado de emergencia una nueva causal, aplicable ante amenazas de grave alteración del orden público o de grave daño a la seguridad de la nación.

Asimismo, plantean retirar las facultades especiales de interceptación de comunicaciones incluidas en el proyecto original y reducir los plazos establecidos por el Ejecutivo para prorrogar el estado de excepción.

La propuesta permitiría una primera renovación sin la autorización del Congreso, aunque este podría dejarla sin efecto en cualquier momento. Una vez transcurridos 30 días, las siguientes prórrogas deberían someterse a votación en el Parlamento.

El texto recoge, además, una iniciativa de la senadora y presidenta del PS, Paulina Vodanovic, destinada a habilitar regímenes especiales de seguridad penitenciaria.

Finalmente, Longton y Squella proponen que la conformación de un registro de organizaciones criminales, el procedimiento para determinar judicialmente su existencia y los efectos de esa calificación sean regulados posteriormente mediante una ley.

El oficialismo necesita votos de la oposición

El Gobierno necesita 29 votos para aprobar la idea de legislar, por lo que requiere el respaldo de al menos cuatro senadores de oposición.

Squella explicó a La Tercera que el trabajo busca una redacción que "se haga cargo de las aprensiones que han presentado algunos parlamentarios", pero que mantenga el propósito original de la reforma.

Longton, en tanto, sostuvo que ambos construyeron un consenso destinado a que las herramientas contra el crimen organizado alcancen un respaldo amplio, y destacó que "el Gobierno ha mostrado apertura para que el texto, cumpliendo con el objetivo deseado, sea modificado".