Paz cree que "es el momento" de transformar el sistema judicial en Bolivia
El mandatario resurgió la necesidad de una reforma, que es un tema pendiente hace varias décadas, tras la destitución del fiscal general del Estado, Roger Mariaca.
De hecho, al reconocer el nombramiento interino en ese cargo de José Armando Urioste, el gobernante lo alentó a realizar varios cambios en el Ministerio Público.
El presidente boliviano llamó al Tribunal Supremo, al Congreso, a la Fiscalía, a las universidades y a la sociedad civil a generar una "convocatoria" para "transformar el sistema judicial".
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que "es el momento" de iniciar una transformación en el sistema judicial del país, una tarea pendiente hace años, y que surge tras la destitución del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, detenido y acusado de supuesta protección al narcotráfico.
Paz llamó al presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, al Legislativo, a la Fiscalía, a las universidades, a organizaciones sociales y a la ciudadanía, entre otros sectores, a generar una "convocatoria" para "transformar el sistema judicial".
"Este momento será el más difícil, el más complicado (para Bolivia), pero es nuestro momento", dijo el mandatario durante el acto de reconocimiento del Ejecutivo a la decisión del Parlamento de nombrar a José Armando Urioste como fiscal general interino.
Paz alentó a Urioste a realizar varios cambios en la Fiscalía tras la destitución de Mariaca, y mencionó que el gobierno tiene "preacuerdos" con la cooperación internacional que permitirán "modernizar" y generar un cambio en el Ministerio Público.
El gobernante sostuvo que Urioste tiene "varios desafíos", como "recuperar la institucionalidad" en el Ministerio Público y "recuperar la credibilidad" de los ciudadanos para que las investigaciones puedan efectuarse sin "influencias".
Asimismo, apuntó que la Fiscalía no debe usarse para "perseguir" a nadie, sino que tiene que proceder con "independencia" del gobierno, partidos políticos, intereses económicos o la presión de las organizaciones criminales
"Punto de inflexión"
Por su parte, Urioste consideró que su nombramiento transitorio por el Parlamento marca "un punto de inflexión" ante un Ministerio Público "corrupto" y "manchado por la delincuencia".
En un contacto previo con los medios, Urioste afirmó que su llegada a la Fiscalía no será para realizar una "cacería de brujas", por lo que quien no cometió delitos no debe preocuparse por las investigaciones que prevé llevar adelante en la institución.
Mariaca fue detenido el pasado miércoles, y acusado por el Ejecutivo de crear una organización criminal para proteger al "narcoterrorismo", por sus supuestos vínculos con el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset antes de ser fiscal general en 2024.
La detención de Mariaca ocurrió dos días después de que el gobierno de EE.UU. lo incluyera en un listado de altos cargos y exfuncionarios de tres países a los que se les revocó el visado, acusándolos de ser "corruptos" y de "socavar gobiernos elegidos democráticamente".
La esperada reforma judicial
La reforma de la justicia es un tema que se discute desde hace varias décadas en Bolivia, tras el retorno de la democracia en 1982.
Durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019), con la promulgación de una nueva Constitución en 2009, se puso en vigencia la elección de altos magistrados del Poder Judicial mediante el voto ciudadano, previa preselección de candidatos en el Legislativo.
La elección en mención fue anunciada en su momento como uno de los pasos para la transformación de la Justicia, pero los comicios de 2011 y 2017 tuvieron una gran cantidad de votos blancos y nulos en rechazo a los procesos considerados manipulados por el entonces gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), para elegir a magistrados afines a ese partido al aprovechar su mayoría en el Parlamento.
Los comicios judiciales de 2024 se realizaron de forma parcial por fallos constitucionales promovidos por candidatos inhabilitados, y todavía está pendiente que se complete la elección de siete altos cargos en los tribunales Supremo de Justicia y Constitucional.
La crisis de 2019, que derivó en la renuncia de Morales a la Presidencia en medio de protestas ciudadanas que lo acusaron de realizar un fraude electoral en los comicios anulados de ese año, generó la reaparición del debate sobre la reforma judicial.
El gobierno de Luis Arce (2020-2025) hizo al menos tres intentos de reforma judicial, incluso al convocar a "notables" en el área, pero que no prosperaron por la falta de presupuesto para esa transformación.