Tohá y Cordero advierten graves problemas en las Reglas del Uso de la Fuerza
Los exministros cuestionaron la eliminación del principio de proporcionalidad y la ampliación de la legítima defensa privilegiada.
A su juicio, el texto aprobado por el Congreso genera incertidumbre para policías y ciudadanos.
Los exministros Carolina Tohá y Luis Cordero advirtieron que el proyecto sobre Reglas de Uso de la Fuerza (RUF), despachado por el Congreso, contiene "problemas graves" que debilitan la certeza que esta regulación debe entregar a las policías, los ciudadanos y los organismos de control.
En una columna titulada "Reglas de uso de la fuerza", publicada por El Mercurio, ambos respaldaron la necesidad de que estas disposiciones tengan rango legal y no dependan de una circular administrativa. Sin embargo, cuestionaron aspectos centrales del texto aprobado.
"Que esas reglas tengan rango legal y no sean una simple circular administrativa, es una necesidad que compartimos, porque da certeza a las policías, a las personas y al sistema de controles, pero, lamentablemente, el texto aprobado tiene problemas graves que erosionan esa certeza", señalaron.
La eliminación del principio de proporcionalidad
El primer reparo de los exministros apunta a que se suprimió el principio de proporcionalidad y quedó únicamente el de racionalidad, conceptos que, según explicaron, cumplen funciones distintas.
"La proporcionalidad significa simetría de medios (no se trata de responder a una piedra con una piedra), sino de emplear el medio idóneo y menos lesivo para el fin legítimo", escribieron.
La racionalidad, en cambio, se relaciona con la evaluación del contexto al momento de decidir cómo actuar. Por ello, advirtieron que limitar la regulación a este último criterio devuelve al funcionario a una evaluación caso a caso, con la consiguiente incertidumbre.
Tohá y Cordero sostuvieron, además, que la proporcionalidad es una exigencia constitucional cuando una medida afecta derechos y recordaron que, en diciembre de 2021, el propio Congreso la incorporó como mandato general de la función policial en las leyes de Carabineros y la Policía de Investigaciones.
Los autores también cuestionaron que el proyecto considere válido el uso de armas potencialmente letales para impedir una fuga o asegurar el cumplimiento de una orden judicial, sin exigir expresamente una evaluación del peligro o la afectación que se busca evitar.
"¿Es admisible la fuerza letal cuando esa fuga no pone en riesgo la vida ni la integridad de nadie o cuando se trata del cumplimiento de orden judicial de baja relevancia?", plantearon.
Los reparos a la ampliación de la Ley Naín-Retamal
Un segundo cuestionamiento apunta a la ampliación de la presunción de legítima defensa establecida en la Ley Naín-Retamal.
Según explicaron, esta norma contempla una presunción a favor de las fuerzas de orden y seguridad cuando utilizan la fuerza ante amenazas a la vida o la integridad. El nuevo texto, advirtieron, extiende esa presunción a cualquier actuación realizada en cumplimiento del deber.
Asimismo, criticaron la eliminación de las referencias a reglamentos que reconocían distintas hipótesis de actuación.
"Al homologar toda intervención, la ley deja en manos de cada policía, en plena operación, la elección de los medios, y la certeza que se buscaba se diluye", afirmaron.
Los exministros cerraron con un llamado a contar con reglas que entreguen certezas y permitan el control judicial de las actuaciones policiales.
"Tratar algunas de sus normas como triunfos políticos va en sentido contrario y reproduce las mismas incertezas que la ley debía evitar", concluyeron.
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