Tras confirmar acusación constitucional, oposición va por responsabilidades penales de Rabat

Tras confirmar la presentación de una acusación constitucional en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, los parlamentarios de oposición buscan responsabilidades penales en medio de la polémica por las rebajas de condenas a abusadores de menores.

Los diputados aseguran que en la sesión de este miércoles en la que se trató el tema, Rabat entregó información falsa o imprecisa sobre la toma de decisiones similares en el gobierno anterior.

El ministro había comentado que "de la fuga de antecedentes que salieron del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, no salió el decreto firmado directamente por el subsecretario Ernesto Muñoz el 1 de julio del 2025, en que citando la reiterada jurisprudencia de los Tribunales de Justicia le rebajó, sin esperar recurso de amparo, la condena a un violador".

Ante estas palabras, la presidenta del Frente Amplio, Gael Yeomans, replicó que "me parece lamentable que el ministro ayer diera esa información, que es mentira, y que lo hizo en una sesión especial, ya eso habla mal de cómo está ejerciendo durante este tiempo su cargo, de la falta de responsabilidad que tiene no solo en sus hechos, sino que también en sus dichos".

El error en este dato entregado por el ministro corresponde a que la víctima en ese caso era un adulto, por lo que no tiene relación con el tema tratado en la sesión, ya que solamente corresponde a menores de 14 años.

En paralelo, los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) pidieron al fiscal nacional la designación de un persecutor especial para investigar un posible delito de prevaricación administrativa del ministro por firmar decretos ilegales.

Junto a esto, otro grupo de parlamentarios se reunió con el defensor de la niñez, Anuar Quesille, quien detalló que el organismo pidió un informe al gobierno sobre estos casos.

"Acá lo importante es resguardar a las víctimas, estamos frente a personas adultas que fueron víctimas de violencia sexual cuando eran niños o niñas o estamos derechamente frente a niños o niñas que aún son menores de edad y que requieren protección", detalló Quesille.

El digiente añadió que "tenemos que preocuparnos porque haya acceso a salud mental, que estén en el colegio, que se tomen los resguardos adecuados para que no estén en contacto con sus ofensores. Si de eso dependen medidas administrativas o judiciales, será un análisis que haremos una vez que tengamos los antecedentes".

Tohá se suma a críticas

Quien también se sumó a las críticas al Ejecutivo fue la exministra del Interior Carolina Tohá, que dijo que "el ministro y el gobierno han hecho de un problema una catástrofe, han hecho de una mala decisión decenas de malas decisiones, de un hecho que generó desconfianza una desconfianza generalizada. Están hundiendo, no solo al gobierno, sino que están hundiendo la confianza pública y tienen que enmendar".

"Las herramientas las tendrán que ver, lo que hemos visto es cero autocrítica. Hasta ahora no hemos recibido una explicación razonable", cuestionó.

Se prevé que la acusación constitucional sea presentada la próxima semana, con el fin de llegar a una votación durante la segunda quincena de noviembre.